El presidente de la Fuerza Franquista Progresista (FNP), Pelegrín Castilloalertó la pasada semana de supuestas acciones de sectores interiormente del Estado dominicano, que responden a intereses extranjeros y buscan rebuscar la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pese a que esa entidad ha cuestionado decisiones nacionales relacionadas con la política de ciudadanía.

Advirtió sobre las supuestas maniobras de sectores en órganos públicos que, siguiendo directrices extranjeras, buscan conferir competencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Señaló que dicha instancia ha intentado despojar al Estado de su derecho inalienable de aclarar quiénes son sus nacionales, ignorando que la ciudadanía es un dominio reservado de los Estados.

Insistió en que los que operan en las sombras deben entender que estas acciones violan el artículo 3 de la Constitución y habilitan al pueblo a practicar la resistor, ya que este tipo de asalto no hace más que originar inestabilidad e ingobernabilidad.

Mientras que el expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevaraafirmó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha convertido en una «enemiga del país».

Guevara dijo que la CIDH pretende imponer a República Dominicana un régimen de ciudadanía que eliminaría el principio del «ius sanguinis». Esta postura, según sostuvo, viola flagrantemente la Constitución dominicana y desconoce el derecho soberano del Estado para aclarar sus propias leyes nacionales.

Guevara enfatizó que retornar a someterse a la demarcación de dicha corte representaría una traición directa a los fundadores de la nación y a la soberanía dominicana.

Aseguró que una energía de esta naturaleza iría en contra del Gobierno y del presidente Luis Abinader, a quien definió como un defensor firme de la dominicanidad.

El exmagistrado advirtió que cualquier intento de cercenar la ciudadanía provocaría una respuesta inmediata y masiva de la población en defensa de sus títulos patrios.

Remisión Internacional ha sostenido que la sentencia formalizó la desnacionalización de hijas e hijos de personas migrantes en situación irregular.

“República Dominicana debe poner fin al racismo estructural que afecta de modo desproporcionada a decenas de miles personas con ascendencia haitiana, y que han sido afectadas por la política racista y discriminatoria que históricamente ha implementado el Estado dominicano cerca de esta población”, afirmó hoy Remisión Internacional.

“En 2010, se reformó la Constitución del país, estableciendo que personas nacidas en país dominicano, hijos e hijas de personas en situación irregular, no adquieren la ciudadanía dominicana”, ha sostenido Remisión.

Según el organismo, esa atrevimiento privó a miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana de su única ciudadanía, convirtiéndoles en apátridas.

Indica la entidad internacional que en presencia de esa atrevimiento, las autoridades administrativas empezaron la rescisión masiva de partidas de arranque y de documentos de identidad.

Sostiene que esa sentencia absolutamente regresiva, las autoridades dominicanas al punto que han tomado medidas para revertir sus posesiones nocivos.

Un apunte

Condena CIDH

En dos ocasiones la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado al país por la privación arbitraria de la ciudadanía en contra de personas dominicanas de ascendencia haitiana. Amnistia Internacional sostiene que al menos desde la término de 1990, funcionarios del registro civil han dificultado el registro de nacimientos de hijas e hijos de migrantes en situación irregular.