EL AUTOR es arquitecto y catedrático universitario. Reside en Santo Domingo

Por  MIGUEL ALBERTO VALOY RAMIREZ

La República Dominicana carga hoy con una deuda pública consolidada que supera los 62,000 millones de dólares. Si se divide este monto entre los 11.2 millones de habitantes, el resultado es aterrador: cada dominicano, desde el instante en que nace, ya debe más de 5,500 dólares.

Un recién nacido no trae un pan bajo el padrino, sino una ejecución en dólares que crecerá con él. Y lo más enfermo es que esa deuda no es abstracta: cada año genera intereses que solo pueden ser pagados por una parte de la población.

Según estimaciones, tan pronto como un 45% de la población está económicamente activa. De ese porcentaje, cerca de un 30% trabaja en la formalidad y paga impuestos, mientras que el resto se mueve en la informalidad o sobrevive en condiciones que no aportan a las arcas del Estado.

Eso significa que menos de un tercio de los dominicanos cargan sobre sus hombros el peso de la deuda franquista: empresarios, empleados formales y contribuyentes que sí cumplen con la ley.

En contraste, el otro 70% de la población no aporta directamente al plazo de la deuda: menores de etapa, envejecientes, desempleados e informales que no tributan. En consecuencia, cada aumento en la deuda pública no es un compromiso militar, sino un impuesto invisible concentrado en los mismos sectores productivos.

Aquí es donde la complicidad política se hace evidente. Se acento de reformas fiscales como si fueran una alternativa, pero en efectividad lo que esconden es la intención de extender la almohadilla de la deuda per cápita. Cada “reforma” se traduce en más impuestos, más intereses y más peso sobre quienes sí producen.

Y mientras tanto, se disfrazan de ayudas sociales lo que en efectividad son préstamos involuntarios: bonos navideños, mil pesos para la escuela, tarjetas de apoyo, subsidios que se financian con deuda en dólares. Cada vez que el dólar sube, además sube la ejecución en pesos de esas supuestas “ayudas”. En efectividad, no son regalos: son adelantos que los contribuyentes pagarán con intereses en el futuro.

Una verdadera reforma no puede seguir este camino. Debe comprometerse a no ampliar la deuda per cápita sin garantías claras de retorno. Es opinar, que el Estado solo pueda endeudarse en función de su capacidad de difundir ingresos suficientes para devolver lo prestado.

Al mismo tiempo, es urgente sujetar subsidios, eliminar barrilitos, cortar comitivas innecesarias y poner fin al despilfarro oficial.

El plata debe orientarse en torno a inversiones productivas: mejorar la capacitación técnica de la población, incentivar empleos formales, y sostener que el crecimiento financiero no se quede en cifras, sino que se reparta.

En ese sentido, las ayudas sociales deben funcionar como en las cooperativas: ser parte de la distribución del crecimiento interno bruto, nunca a costa del endeudamiento.

Finalmente, si queremos soberanía financiera, el país debe aumentar sus reservas en oro y proteger el dólar como moneda de respaldo. Solo así podremos blindarnos contra la especulación y respaldar estabilidad.

La conclusión es clara: la deuda no es un asunto de todos, como dicen los políticos; es una carga selectiva sobre los mismos contribuyentes de siempre. Y mientras esa complicidad se mantenga, cada chico que nazca en la República Dominicana no estará recibiendo un país de oportunidades, sino una deuda que lo perseguirá desde la cuna.

Jpm-am