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La nuevo propuesta presentada en la Cámara de Diputados para crear un Ocupación de Seguridad Ciudadana vuelve a poner en el centro del debate franquista uno de los temas que más preocupa a la población: la inseguridad.
El esquema tiene como objetivo mejorar la coordinación y eficiencia de las instituciones del Estado, pero la gran pregunta es si un cambio de estructura administrativa puede, por sí solo, dar respuesta a un problema tan enredado como la inseguridad ciudadana.
La violencia en República Dominicana no se entiende exclusivamente desde la partida de un situación institucional. Sus causas se alimentan de un contexto social y financiero impresionado por desigualdades, barrios marginados y una débil civilización de convivencia ciudadana.
A ello se suman factores como la proliferación de armas ilegales y la percepción de impunidad, que refuerzan la idea de que delinquir sale más módico que comprar en Inespre. En muchos sectores populares la violencia es parte de la vida cotidiana.
Jóvenes sin oportunidades de empleo o estudio encuentran en las pandillas y el microtráfico un espacio de pertenencia y una fuente de ingresos rápida, aunque riesgosa. Estas dinámicas generan un círculo vicioso en el que la pobreza alimenta la violencia y la violencia frena las posibilidades de expansión.
Un Ocupación de Seguridad Ciudadana tendría ventajas si logra articular de forma efectiva a la Policía Doméstico, la Dirección Doméstico de Control de Drogas (DNCD) y otros organismos dispersos. Sin confiscación, la creación de un profesión no garantiza, por sí misma, una restablecimiento sustantiva.
La experiencia muestra que la opulencia de instituciones no siempre se traduce en resultados satisfactorios. Sin un plan franquista de seguridad integral, acompañado de políticas sociales que ataquen las raíces del problema, un nuevo profesión no sería más que otra dependencia estatal para establecerse el clientelismo político.
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