Expresidente de Brasil, Fernando Collor de Mello. (Foto de archivo)

Brasilia (EFE).- El expresidente brasileño Fernando Collor de Mello fue detenido este viernes en la ciudad de Maceió cuando se disponía a alucinar a Brasilia para entregarse a las autoridades, posteriormente de que un enjuiciador del Supremo ordenara su captura «inmediata» para cumplir una condena por corrupción, informó su defensa.

Collor (1990-1992) fue condenado por el mayor tribunal a una pena de ocho abriles y diez meses por los delitos de corrupción pasiva y lavado de cuartos, pero aguardaba en privilegio el sentencia del posterior de sus capital.

En una nota enviada a la prensa, los abogados informaron de que el exmandatario fue preso a las 4:00 hora locorregional (7:00 GMT) cuando se trasladaba en dirección a la haber brasileña para cumplir de forma «voluntaria» la audacia del enjuiciador y que está detenido en la Superintendencia de la Policía Federal en Maceió, su ciudad de residencia y haber del estado de Alagoas (noreste).

La sentencia del Tribunal Supremo

El magistrado Alexandre De Moraes dictó este jueves el ingreso «inmediato» en prisión del expresidente, tras rebotar el posterior expediente del incluso exsenador y decretó el inicio inmediato de la ejecución de la pena impuesta en mayo de 2023, según señaló el Tribunal Supremo en una nota.

Fernando Collor de Mello había sido condenado por parte de la máxima instancia legislativo del país, pero la sentencia nunca llegó a cumplirse porque quedaron pendientes de resolución una serie de apelaciones.

Sin bloqueo, De Moraes archivó el posterior expediente presentado por el exmandatario entregado su carácter «meramente dilatorio», con el que, según el enjuiciador, buscaba evitar el desenlace definitivo del caso.

De esta forma, el enjuiciador determinó «el cumplimiento inmediato de la sentencia condenatoria» para el ex patrón de Estado de 75 abriles, en régimen inicialmente cerrado.

El caso en contra del expresidente Fernando Collor de Mello

A Collor de Mello lo hallaron culpable de participar en una trama de corrupción en la empresa BR Distribuidora, antigua subsidiaria de la petrolera estatal Petrobras.

Según la sentencia, el exsenador, con la colaboración de dos empresarios, «recibió 20 millones de reales (3,5 millones de dólares o 3,1 millones de euros al cambio de hoy) para viabilizar de forma irregular contratos de BR Distribuidora» con una tercera empresa «para la construcción de bases de distribución de combustibles».