Por Franz Flores Castro

Por segunda vez la foto de Evo Morales no estará en la papeleta electoral para las elecciones de agosto del presente año. En respuesta, este político en tres ocasiones ha colocado a sus seguidores rodear caminos y atacar a las fuerzas del orden. La última movilización, de 15 días, no solo agravó el descalabro de la crematística doméstico, sino que igualmente mostró que en Bolivia existen vastos territorios donde no llega la autoridad del Estado e imperan las actividades ilícitas. Si antaño sabíamos que el Chapare es una zona roja donde se cultiva y cocina la hoja de coca, hoy nos enteramos, con pena, que la histórica ciudad minera de Llallagua no solo produce estaño y plata, sino igualmente hierba y contrabando.

Los largos primaveras de bonanza por ingreso de liquidación de materias primas (2006-2014) no han servido para mejorar la capacidad estatal. Si admisiblemente durante los primaveras de superávit exportador se construyeron más establecimientos educativos, se ampliaron los servicios de sanidad y se desplegaron caminos carreteros, con igual fuerza han crecido en poder y tamaño los negocios y empresas que se llenaron los bolsillos al amparo de la ilegalidad.

Por ejemplo, si para el año 2006 el número de cooperativistas mineros era de 54.200 personas, 15 primaveras posteriormente esta número había subido a 135.436 socios. Bajo el risible argumento que las cooperativas cumplen una “función social” se les donó maquinaria, establecimientos y parajes y se les regaló exenciones impositivas. Esto los ha convertido en una poderosa fuerza económica y política cuyo músculo se muestra en calles y caminos cada vez que el Estado intenta controlar sus daños al medio círculo y la explotacion profesional. Cosa parecida pasa con el contrabando de autos viejos de Pimiento a Bolivia. En julio de 2014 la ministra de Hidrocarburos de entonces, Marlene Ardaya, anunciaba aplicar restricciones a la liquidación de gasolina a los autos indocumentados; una lapso posteriormente, no solo no se cumplió este anuncio, sino que las ferias de importación y liquidación de autos ilegales crecieron por doquier. Es más, una diputada del partido Movimiento al Socialismo (MAS) sostuvo que estos autos, conocidos popularmente como chutos, cumplían el propósito de servir a los campesinos en su trabajo. Así mismo, la producción de coca ha crecido en competitividad: si en la zona cocalera de los Yungas la hoja milenaria se cosecha hasta dos veces al año, en el Chapare se cosecha seis.

Los sucesivos gobiernos del Estado plurinacional han coqueteado con la ilegalidad y la delincuencia. Gran parte de la nueva elite a la que el MAS dio apoyo y cobijo creció merced a las amplias posibilidades que puede dar un Estado que pacta y entabla acuerdos con los que no cumplen las normas y leyes.

Esto tiene género gravísimos en la civilización cívica. En un contexto donde es más comprensible cincelar riqueza haciendo lo incorrecto que lo oportuno, la experiencia de “hacerse al vivo” se ha institucionalizado. Para personas que ganan de su trabajo, ver cómo corruptos y corruptas encaramados en instituciones logran grandes ganancias termina siendo un desincentivo para ser honestos y emprendedores. La “viveza criolla”, al no ser sancionada ni punitiva ni socialmente, se convierte en una siniestra pauta de comportamiento que consiste en tener caudal y poder antaño que honra y dignidad.

Esto genera una insatisfacción de la ciudadanía con la democracia. Con un Estado débil, con partidos políticos que son solo una sigla, y con instituciones tomadas por asalto por los vivillos de siempre, lo que queda de democracia en Bolivia es muy poco, quizá solo su disciplinada donación a las jornadas electorales. Por ello, si ir a las urnas fuera suficiente para cambiar administradores judiciales, hace rato que la rectitud boliviana sería de las mejores; si puntualizar en elecciones abiertas a un gobernador o autoridad de turno bastara para alcanzar ciudadanía y aptitud, hace rato que Bolivia sería una democracia plena. Los primaveras de bonanza económica son igualmente oportunidades para construir institucionalidad. Esa oportunidad la hemos perdido o, mejor, desperdiciado.

Sin un Estado resistente no hay plan neoliberal, ácrata, estatista o socialista que pueda tener éxito. Mientras el Estado esté a merced de grupos que operan en la ilegalidad, ningún plan crematístico o político será viable. Mientras el Estado negocie su estatalidad con elites de cuello blanco que velan por sus intereses, de ausencia valdrá estar al frente del gobierno. Hoy el desafío radica en construir un Estado resistente; que posteriormente sea espacioso o pequeño es un detalle pequeño.