El autor es sociólogo. Reside en el municipio Santo Domingo Este

Varias leyes vigentes en nuestro país prohíben y por lo tanto contienen un régimen de consecuencias en diversas modalidades contra el uso de boleto ilícito o desaseado en financiamiento de campañas de candidatos a cualquiera de los tres niveles. Es opinar,  es totalmente ilegítimo y sancionable utilizar boleto ilícito por partidos o candidatos presidenciales, legislativos o municipales.

Nuestras leyes consideran boleto ilícito o desaseado aquel que proviene directa o indirectamente del narcotráfico, de la corrupción administrativa y de lavado de activos.  Incluso, en los países donde impera el sistema tolerante, es drásticamente sancionado el candidato a un cargo popular  cuando se  demuestra que financió su campaña, parcial o totalmente, con boleto ilícito o desaseado.

Esa es la razón por la que, actualmente, en Perú, Ecuador, Panamá, Guatemala, Brasil, El Salvador, Hondura, Bolivia y en Francia hay varios ex presidentes, ex vicepresidentes, ex legisladores y ex alcaldes que se encuentran presos o en procesos judiciales en explicación por ser imputados de utilizar boleto ilícito o desaseado para cubrir parte de sus actividades proselitistas.

Aquí, desde hace tres primaveras, con expediente presentado por el Tarea Manifiesto (MP),  está en explicación el madurez contra “Operación Calamar”.  Entre los inculpados se encuentra Gonzalo Castillo, ex candidato presidencial del PLD para las elecciones del 2020, “porque se considera que para su campaña recibió boleto proveniente de corrupción o sobornos.”

Incluso, en nuestro país, se evidenció (mediante sentencias definitivas de tribunales norteamericanos) y recibimiento de culpabilidad con delaciones premiadas, que varios legisladores, alcaldes, directores de distritos municipales y regidores vinculados al Partido Revolucionario Novedoso (PRM) ganaron sus cargos (inclusive con la veterano votación de sus áreas) utilizando boleto ilícito o desaseado.

Por igual, como resultados de las persecuciones y acusaciones de la DEA y fiscales norteamericanos, diferentes funcionarios designados por decretos del presidente Abinader se declararon culpables y están sentenciados a varios primaveras de gayola en EE.UU.

La Congregación Central Electoral (JCE), el Tribunal Superior Electoral (TSE) y el Tarea Manifiesto (MP), por sus funciones y competencias, y por mandatos expresos de leyes vigentes, tienen la obligación de tomar medidas preventivas y persecuciones  para aplicar el régimen de consecuencia contra los partidos y candidatos que han utilizado boleto ilícito o desaseado en sus campañas, en cualesquiera de los tres niveles.

Es de manifiesto conocimiento, por sentencias y auto-confesiones de culpabilidad, que varios candidatos del PRM utilizaron boleto proveniente del narcotráfico.

Ahora,  con el destape que estamos observando con la colosal y criminal desviación (robo vulgar) realizado por un conjunto de funcionarios y empresarios (auto-confesos con delaciones premiadas), que eran liderados por el director del Seguro Franquista de Salubridad (SENASA), doctor Santiago Hazim Albainy, que utilizaron miles de millones de pesos de esa institución, mediante planificadas mañoserias financieras.

Para las elecciones del 2020 y la reelección del presidente Abinader en el 2024, Hazim era el principal responsable del Sector Forastero de apoyo al PRM, a través del movimiento OLA. De acuerdo a confesiones de encartados en dicho expediente, el movimiento OLA aportó mucho boleto (ilícito o desaseado) proveniente del robo en SENASA.

En seria y objetiva consejo de la novelística preparatorio, de varios casos de candidatos que usaron boleto (proveniente de narcotráfico, corrupción y sobornos) para triunfar sus cargos; nos preguntamos: ¿Qué han hecho o dicho la JCE, el TSE y el MP-independiente?

Por otra parte de los candidatos que, evidentemente,  resultaron electos con boleto ilícito; en el PRM, ¿quiénes recibieron boleto proveniente del narcotráfico y de la corrupción o sobornos? ¿Qué dicen o hacen la JCE, el TSE y el MP-independiente?

En presencia de esta comprobada existencia (uso de boleto ilícito o desaseado para financiar campañas electorales), para que esas tres instituciones puedan representar, aplicando el régimen de consecuencias estipuladas en nuestras leyes vigentes contra el uso de boleto ilícito o desaseado en la campaña del PRM, ¿Qué más necesitan?

jlopezb18@gmail.com

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