ztevenreal
@abrilpenaabreu
Más de un año y medio de trabajo periodístico culminó con una verdad incómoda: en República Dominicana menores de años están siendo expuestos al uso de bloqueadores hormonales, fármacos diseñados para frenar los procesos naturales de la pubertad, sin protocolos médicos adecuados, sin control del Profesión de Sanidad, y con el conocimiento —o al menos la omisión— de las autoridades competentes.
La periodista Laura Guzmán de Anterior con LG documentó con pruebas lo que muchos consideraban ficticio: una red activa de distribución de bloqueadores a niños y adolescentes, accesibles sin prescripción. Durante su investigación, Guzmán llegó a comprar uno de estos medicamentos, demostrando que el producto puede obtenerse sin supervisión endocrinológica, sin prescripción y con total impunidad.
Estos fármacos no son inocuos. La letras médica internacional advierte que su uso en menores puede provocar pérdida de masa ósea, infertilidad futura, alteraciones endocrinas, cambios neurológicos y afectaciones en el crecimiento cognitivo y emocional. Aún en contextos médicos regulados, su uso se debate intensamente por los pertenencias a espacioso plazo que aún no se comprenden del todo.
Cuando se aplican fuera de protocolos y sin séquito profesional, la situación pasa de ser riesgosa a criminal.
Esta denuncia revela que el caso fue entregado a Sanidad Pública y al PEDECSA, con documentación y acometividad médica sobre el peligro del engendro. Sin bloqueo, no hubo respuesta.
Esa inacción no solo es negligencia administrativa: es una violación directa al deber del Estado de proteger la integridad física y mental de los menores, consagrado en la Ley 136-03 del Código de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Si los bloqueadores hormonales están siendo distribuidos o administrados sin supervisión, estamos frente a un delito de lozanía pública, con posibles agravantes de demasía de niño, praxis médica ilegal y tráfico de medicamentos controlados.
El Profesión Conocido tiene ahora una obligación decente y admitido: cascar una investigación inmediata, incautar los productos, identificar a quienes los distribuyen y determinar responsabilidades institucionales.
No se tráfico de un debate ideológico ni religioso. Se tráfico de proteger la infancia de prácticas que ponen en aventura su lozanía, su futuro y su vida.
La sencillez de designar sobre el cuerpo llega con la seso, no con la manipulación ni la desinformación. Y cuando adultos, movidos por cuartos o ideología, cruzan esa término con menores, dejan de ser “activistas” y se convierten en depredadores.
Que esta investigación no se pierda en la burocracia. Que el país no vuelva a mirar alrededor de otro flanco. Porque quien calla en presencia de un demasía, se convierte en cómplice.
