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El Pregonero, Santo Domingo . – El comunicador y detective independiente Bendito Martínez, detenido en la “Carcelita” del Palacio de Rectitud de Ciudad Nueva por cargos de difamación e injuria, se declaró en huelga de deseo y se niega a tomar medicamentos, como forma de protesta por lo que él describe como un atentado contra su derecho a la independencia de expresión.
Asimismo, pidió al comunicador Ricardo Nieves que le diga a su esposa (Juana) que compre su caja de muerto.
Martínez se expresó en una carta manuscrita, leída por su abogado Carlos Mesa, en la que expone su supuesto delicado estado de vitalidad y su audacia de persistir la huelga a pesar de los riesgos para su vida.
“Tuve una caída por un mareo por huelga de deseo y (no) medicamentos porque mi lucha es vencer o caducar. La independencia de expresión es un compromiso de todos”, dice el escrito, firmado y fechado el 25 de julio de 2025.
La misiva todavía alabarda un llamado a la resistor y hace referencias simbólicas a la figura del coronel Francisco Alberto Caamaño. “Aquí estoy, los espero. Privilegio, independencia”, se lee en otro fragmento del texto.
Su abogado denunció públicamente que pese a que una jueza autorizó su traslado a un centro médico por el visible damnificación de su estado físico, hasta el momento no se ha ejecutado la orden legal.
“Cuando lo vi, fue como ver el rostro de la crimen. Tenía las manos blancas, temblorosas, el rostro pálido. Llevaba más de 72 horas sin ingerir agua ni medicamentos”, aseguró Mesa en declaraciones a la prensa este viernes.
Sobre el caso
Faride Raful demandó a Bendito Martínez por difamación agravada e injuria a través de plataformas digitales. La ministra lo acusa de acontecer difundido información falsa con la intención de dañar su honor, dignidad e imagen pública, utilizando medios como YouTube y redes sociales para hacer señalamientos sin fundamento.
Martínez amenazó con divulgar “videos íntimos” presuntamente inexistentes, lo que ha sido interpretado como un intento de chantaje y descrédito manifiesto a la funcionaria.
Raful presentó la querella amparada por la Ley 53‑07 sobre Delitos y Crímenes de Ingreso Tecnología (artículos 21 y 22) y en el artículo 367 del Código Penal. Adicionalmente, se constituyó en actor civil para pedir RD$50 millones por daños morales y perjuicios.
