Los costos asociados al reasentamiento de los habitantes de las comunidades afectadas con la construcción de la presa de colas, sin la cual Barrick Pueblo Añejo no podría actuar más allá de 2030, en existencia son asumidos por el Estado dominicano. En este caso, el monto superará los RD$20,000 millones.

Así lo informó el ministro de Energía y Minas (MEM), Joel Santos Echavarría, en entrevista con elDinero. “Es lo que establece el acuerdo diferente firmado entre la minera y el Gobierno dominicano”, dijo el funcionario. “La empresa paga todo el proceso de reubicación, pero ese costo luego se va amortizando en una cantidad de primaveras”, agregó tras aclarar que ahora hay un proceso amplio para determinar en cuánto tiempo se irá amortizando esa inversión de los ingresos que deje la operación para el país, es opinar, del plazo de impuestos.

“Se está en proceso, precisamente, de definición de la firma de un acuerdo. Pero lo que establece la ley o el acuerdo que el Gobierno firmó con la Barrick originalmente, es que el Gobierno tiene que contraer los gastos de reubicación; los tiene que retribuir la empresa, pero se van amortizando en una cantidad de primaveras y que son los temas que están por definirse”, explicó.

Detalles

El plan de reasentamiento implicaba una inversión de US$340 millones en la construcción de al menos 700 viviendas, que incluye, encima, escuelas, acueductos, calles, centros de lozanía, mercado, cementerio, lotes agrícolas para subsistencia, programas de comitiva psicosocial y procreación de ingresos.

Serían 2,285 personas las reasentadas. A la data hay un 61% de las personas que han aceptado las nuevas condiciones. Sobre las razones que llevaron a agregarle más o menos de US$70 millones a la inversión estimada originalmente para el reasentamiento, que serían más o menos de RD$20,000 millones, el ministro explicó que el proceso de renegociación implicó una revalorización de los cultivos y de los terrenos. Esto se hizo, aclaró, para que se pudiese remunerar a las personas de la modo más certamen posible.

A modo de descargo, Santos Echavarría refirió que los estimados que se hicieron de los costos de los cultivos y las tierras fueron de primaveras anteriores. Mencionó los posibles cambios por inflación, indicando que uno de esos rubros fue el jaleo, cuya cotización ha variado significativamente.

En todo caso, el hecho de que se haya podido hacer el acuerdo a tiempo, permitirá que la Barrick Pueblo Añejo pueda, de una modo más acelerada, trabajar en lo que será la futura presa de colas.

Otras de las justificaciones que ofrece el funcionario es que, sólo para que la población tenga una idea, el estimado que tenía el Gobierno dominicano este año de ingresos por las operaciones de Barrick era de US$190 millones, pero que ahora serían de US$458 millones. “Esto quiere opinar que ya el estimado es de US$268 millones más de lo que originalmente se estimó. El Gobierno perdía diariamente US$1 millón por cada día que se retrasaba ese acuerdo”, explicó.

Santo Echavarría reconoce la importancia de la presa de colas, que no es más que un depósito de relaves donde se depositan los materiales inertes del proceso minero, que previamente han sido neutralizados por la empresa que opera en la provincia Sánchez Ramírez.

Proceso

Luego de varias reuniones y sesiones de trabajo, comunitarios de Cotuí y Barrick Pueblo Añejo firmaron un acuerdo atento, satisfactorio y definitivo para resolver los temas pendientes relacionados con el reasentamiento vinculado a la expansión de la mina Pueblo Añejo.

A principios de junio de este año se dio la nota: Barrick Pueblo Añejo y los habitantes de las comunidades a ser reasentadas llegaron a un acuerdo, poniendo fin a las protestas que protagonizaron en demanda de mejores condiciones, premeditadamente de los planes de reasentamiento y compensación por las tierras y cultivos afectados.

Se logró con la intervención del Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa; del senador por la provincia Sánchez Ramírez y presidente de la Cámara Reincorporación, Ricardo de los Santos, y del mitrado de La Vega, Tomás Morel Diplán, en representación de las comunidades. El ministro de Energía y Minas (MEM) participó en nombre del Gobierno.

Las protestas que terminaron con el acuerdo entre las partes comenzaron el 22 de enero de este año, cuando cientos de personas marcharon en las provincias Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel. Líderes religiosos y campesinos exigían que Barrick respetara las normativas internacionales de reasentamiento.

El pico del conflicto fue en febrero con nuevas convocatorias y bloqueos de carreteras por parte de algunos reclamantes propietarios de beneficios en la zona. Hubo incidentes que dejaron personas heridas, incluyendo un sacerdote, por lo que fue necesario mediar.

Beneficiarios

Los habitantes de las comunidades reasentadas recibirán viviendas dignas de 100 metros cuadrados con tres habitaciones y dos baños, títulos de propiedad para cada tribu, lotes de 1.5 tareas para proyectos de subsistencia.

Entre las infraestructuras comunitarias están: conducto, calles asfaltadas, iglesias, áreas recreativas, escuela auténtico, politécnico, parvulario, mercado, cementerio y salones comunales.

Escuela primaria tendrá capacidad para 400 estudiantes.

El plan beneficia a más de 700 familias de seis comunidades: El Exhalación, El Higo, Regato Dorso, Las Tres Bocas, El Naranjo y Lajas. Barrick lo presenta como un proceso planificado y participativo, con enfoque en mejorar la calidad de vida y respaldar medios de vida sostenibles, cumpliendo estándares internacionales.