Santo Domingo.- En República Dominicanalas redes sociales dejaron ser simples espacios de interacción social para convertirse en escenarios donde se libran nuevas formas de criminalidad. Plataformas como Facebook, Instagram, WhatsApp ytiktok son hoy utilizadas no solo para informar o entretener, sino igualmente como herramientas para la molestiala difamaciónel chantaje y el robo de identidaddelitos que crecen de forma acelerada y afectan tanto a ciudadanos comunes como a figuras públicas.

Uno de los delitos de veterano expansión en el país es el robo de identidadtipificado en la Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Adhesión Tecnologíaque castiga estas conductas con penas que van desde tres meses hasta siete primaveras de prisiónencima de multas que oscilan entre dos y doscientos salarios mínimos. Sin incautación, a pesar de su penalización, expertos coinciden en que el auge de las redes sociales y la velocidad con la que circula la información han facilitado que los ciberdelincuentes perfeccionen sus métodos y amplíen su trascendencia.

La sextorsión

Entre los distintos mecanismos de molestia digital, la sextorsión se ha consolidado como el más frecuente en la República Dominicana. Este delito consiste en amenazar a una persona con difundir imágenes, videos o conversaciones de contenido íntimo si no entrega una suma de fortuna u otro tipo de beneficio.

Los ciberdelincuentes suelen crear perfiles falsosgeneralmente haciéndose advenir por mujeres jóvenes, para establecer contacto con sus víctimas. A través de un proceso continuo de seducción, ganan su confianza e incentivan el intercambio de material sexual —destreza conocida como sextear— hasta que la víctima queda atrapada en una red de chantaje.

Expertos en telecomunicaciones advierten que estas estructuras criminales no actúan al azar. Ayer de ejecutar la molestia, los delincuentes realizan una investigación previa de sus objetivos: analizan redes sociales, estilo de vida, fotografías, comentarios y cualquier señal que revele solvencia económica o reputación pública. Una vez identificada la vulnerabilidad, procede la amenaza: respaldar o contraponer la exposición pública en presencia de familiares, amigos o contactos laborales.

Facebook continúa siendo la plataforma más utilizada para este tipo de delito, seguido por Instagram y aplicaciones de correo instantánea. De acuerdo con especialistas, muchas de estas operaciones son ejecutadas por bandas organizadas que operan desde “call centers” internacionalesen coordinación con colaboradores locales.

Difamación y chantaje como negocio digital

La molestia digital en el país no se limita al ámbito privado. En los últimos primaveras, igualmente ha surgido un engendro preocupante: el uso de redes sociales y medios digitales como herramientas de difamación, injuria y chantaje con fines políticos o económicos.

El año pasado, la opinión pública dominicana fue sacudida por una ola de indignación tras la proliferación de campañas de descrédito dirigidas contra reconocidos periodistas, utilizando plataformas digitales para difundir informaciones falsas. Uno de los casos más notorios involucró a los comunicadores Marino Zapete, Edith Febles, Altagracia Salazar y Mariasela Álvarez, quienes fueron acusados sin pruebas de aceptar pagos mensuales de la Agencia de los Estados Unidos para el Mejora Internacional (USAID).

La información fue difundida inicialmente por Juan Aníbal Arrendel, quien más tarde admitió que los datos eran una invención. No obstante, el daño reputacional ya estaba hecho. Otros comentaristas e influencers replicaron la traducción falsa, intensificando el ataque mediático. Los periodistas afectados optaron por comparecer a los tribunales, sometiendo por difamación e injuria tanto al autor llamativo como a quienes amplificaron el contenido.

Este tipo de casos revela cómo la desinformación puede convertirse en un herramienta de presión, descrédito y, en algunos contextos, molestia indirecta, al afectar la credibilidad profesional y la vida personal de las víctimas.

Solo durante el primer trimestre de 2025, rodeando de 150 personas fueron apresadasacusadas de cometer delitos como estafas electrónicas, transferencias fraudulentas, sextorsión, phishing, clonación de tarjetas, robo de identidad, llamadas fraudulentas, acoso, difamación, atentado sexual contra menores y otras infracciones vinculadas a las tecnologías de la información.

El caso Donosura Martínez: difamación, molestia y falsas credenciales

Otro expediente significativo es el de Donosura Martínez, conocido como “El Detective”, arrestado en Puerto Plata y enfrentando múltiples querellas por difamación, molestia, estafa y lavado de activos. Martínez se presentaba como investigador vinculado a agencias internacionales, pero fue desmentido oficialmente por la Distribución para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), que afirmó que nunca ha trabajado para esa institución ni para ninguna dependencia del Sección de Honradez estadounidense.

Entre las querellas figura la interpuesta por la ministra Faride Raful, quien lo acusa de utilizar plataformas digitales y canales de YouTube para difundir afirmaciones injuriosas y difamatorias, exigiendo una indemnización de RD$50 millones por daños morales. El caso igualmente involucra a Ingrid Jorge, señalada como colaboradora en la difusión del contenido.

Las autoridades no descartan que Martínez enfrente procesos legales en Estados Unidos por hacerse advenir por agente federal, delito que conlleva penas de hasta tres primaveras de prisión, encima de multas.

La Ley 53-07 establece sanciones claras para delitos como el acercamiento ilícito, la suplantación de identidad, el chantaje digital y la molestia mediante tecnologías de la información. Dependiendo de la formalidad, las penas incluyen prisión, multas elevadas y responsabilidades civiles por daños y perjuicios. No obstante, juristas advierten que la progreso tecnológica y el uso de inteligencia fabricado plantean nuevos desafíos para la aplicación efectiva de la ley.

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Indotel articula organización doméstico

Delante el crecimiento sostenido de estos delitos, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) anunció que, a partir de 2026, ejecutará una organización doméstico contra la molestia digital, el chantaje y la difusión de noticiario falsasen coordinación con otras entidades del Estado.

La campaña estará enfocada en la educación y concientización ciudadanaasí como en el fortalecimiento del entorno permitido y la cooperación interinstitucional. En ella participarán activamente el Sección de Investigación de Crímenes y Delitos de Adhesión Tecnología (DICAT)la Policía Doméstico y el Tarea Conocido.

INDOTEL advirtió que estas acciones responden a un contexto amenazador: la República Dominicana habría registrado la veterano cantidad de víctimas de fraude digital en el continente yanqui durante el segundo semestre de 2024lo que exige una respuesta firme y sostenida.

El víscera regulador subrayó que la ciberdelincuencia evoluciona constantemente, incorporando herramientas como imágenes manipuladas y aplicaciones de inteligencia fabricado, lo que convierte la molestia digital en un “negocio” en gran medida rentable y difícil de rastrear.