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Desde mucho antaño de montar al poder, el presidente Donald Trump ha sido un terminante oponente a la inmigración ilegal que ha llegado y llega a los Estados Unidos. En su nueva empresa de gobierno asumida en enero del presente año, el gobierno se ha empeñado en dominar la inmigración considerada de ilegal en particular aquellos inmigrantes que hayan cometidos algún acto de violencia.
Es más, la nueva política migratoria no solo se ha concentrado en los inmigrantes ilegales, legales y los que están en un ajuste de status lícito, ya sea por vía del inclusa, casorio o petición.
Una muestra de ello, es que las cortes de inmigración en los últimos meses se han convertido en los principales centros donde los inmigrantes que esperan un ajuste de status están siendo apresados y luego expulsados del país sin las posibilidades de sus casos revisados por la ecuanimidad, hecho que continúa siendo violatoria de las leyes.
El longevo porcentaje de los apresados proceden de las diferentes naciones hispanas. Está claro los agentes de ICE están actuando basados en el perfil étnico. Esta situación cuenta con un rechazo de más del 60 por ciento de los estadounidenses que se oponen a política migratoria del gobierno que además se ha concentrado de la aniquilación de programas como el Software de Protección Temporal conocido como TPS para naciones como Haití, Honduras, El Salvador y Venezuela.
Naciones como Perú, México, Ecuador, Guatemala, Colombia, Argentina, Pimiento y la República Dominicana han manido montar a decenas de sus ciudadanos que han sido expulsados de guisa sumaria del suelo norteamericano. Y eso, que estas naciones se hacen avisar aliadas de los Estados Unidos.
En la embestida más fresco contra la inmigración lícito, el gobierno anunció que serán revisadas más de 200 mil tarjetas de residencias que los fueron emitidas a ciudadanos afganos que fueron admitidos bajo inclusa bajo la empresa de Joe Biden para el periodo 2020-2024.
Además sin previa consulta, el mandatario estadounidense anunció por medio de su red “True social”, que 19 naciones consideradas del tercer mundo, entre ellas Venezuela y Haití sus ciudadanos no podrán por asunto de seguridad pública ingresar a los Estados Unidos. Aunque la medida no ha sido explicada se dilación que su aplicación será discutida por delante los tribunales de ecuanimidad.
Encima, según la empresa público en voz del secretario del Hacienda, Scott Bessent a los indocumentados no recibirán ningún tipo de ayuda, aunque en la verdad de los hechos bajo las leyes, las personas sin status lícito no son elegibles a los programas sociales que están establecidos en la seguridad social como el tener derecho a viviendas subsidiadas, fondos educativos y seguro de lozanía.
Es todo lo contrario, los inmigrantes sin status lícito aportar millones de dólares en pagos de impuestos a través del ITN, una numeración que le emiten los estados a esas personas mientras continúa con un proceso lícito para regularizar su status.
Como nunca antaño, la política antinmigrante aplicada en Estados Unidos incluye por parte del gobierno la revocación de residencias permanentes, de ciudadanías y la suspensión indefinida de los procesos de inclusa para decenas de inmigrantes que se encuentran en esa situación.
A pesar de la agresiva política contra los inmigrantes ilegales y legales, la verdad es que las personas que no tienen un status de vigencia han demostrado que más que ser una carga pública contribuyen con su arduo trabajo y sacrificios a la creación de riqueza en los Estados Unidos. Según estadísticas económicas, los inmigrantes indocumentados entre los abriles 2022-2024 pagaron en impuestos más de 100 mil millones solo en impuestos. Eso lo oculta el gobierno coetáneo.
La empresa de gobierno que encabeza Donald Trump más que amparar bajo permanente ataque a los inmigrantes sin documentos debería pensar en legalizarlos a los que califiquen para ello más que continuar con la indiscriminada política de expulsión, porque está demostrado que los Estados Unidos necesita y prescinde de la mano de obra inmigrante proveniente de todas las nacionalidades.
El autor es periodista, educativo y escritor dominicano residente en el estado de Nueva Suéter y puede ser contactado en rhernandez5@hotmail.com
