ztevenreal
El término corrupción en forma generalizada está relacionado al mal uso por parte de un funcionario de su autoridad y los derechos que se le confían, así como la autoridad relacionada con este estado oficial, oportunidades, conexiones para beneficio personal, contrario los principios morales y a las leyes.
Para el presente Código Penal Dominicano la Ley 74-25, denomina los actos de corrupción en el Estado como son el desfalco (apropiación de títulos), la concusión (cobros excesos o que no se adeudan), el soborno o cohecho (prestar servicio por dádivas, recompensas o promesas remuneratorias), actos que en conjunto conforman la prevaricación.
Como reza una vieja sentencia popular de “que negociar con el Estado deja mucho capital, pero mucho capital”, y eso es lo que en sinceridad sucede en la nación dominicana, en las que todas las personas quieren a toda costa negociar con el Estado.
Políticos, no políticos, empresarios, no empresarios, personas influyentes o no, todos se desviven en establecer negociaciones con el Estado y más cuando no existen claras normativas de establecer las negociaciones en el propio Estado.
Estado ha transmitido como resultado la aparición o surgimiento de connotados actos de corrupción pública como lo fue el caso de la empresa constructora Odebrecht, de caudal extranjero que llevó al banquillo de los acusados a políticos y empresarios relacionados a los principales partidos políticos en la nación dominicana como es el caso del ex senador del Partido de la Libertad Dominicana (PLD) Tommy Estrella y al patrón Querube Rondón. Entreambos luego fueron absueltos como siempre sucede por la Probidad dominicana.
Igualmente se encuentra el caso Fonper (Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas) que fue un fondo para la realización de proyectos sociales y económicos, pero que en la sinceridad de los hechos los dineros fueron a detener a las cuentas privada de los funcionarios que estuvieron a cargo de la institución. Estos casos por señalar algunos ocurrieron en los gobiernos encabezados por el hoy oponente Partido de la Libertad Dominicana (PLD) en el periodo 2012-2020.
En tanto que para el periodo gubernativo desde el 2020 hasta el presente, el gobierno a cargo del Partido Revolucionario Original (PRM) ha tenido que desavenir los casos de corrupción publica como son: Calamar, Operación Anti pulpo, Coral, Coral 5 G, El caso Caracol, Operación 13, Operación Medina, Falcon, Operación Oruga y más flamante Senasa, este postrer considerado alegadamente como el de decano envergadura que afecta a los dineros del Estado.
Aunque República Dominicana mantiene una posición destacada como uno de los principales destinos de inversión extranjera directa (IED) en el Caribe, el país aún enfrenta obstáculos significativos que limitan su potencial financiero. Así lo establece el documento “Declaraciones de Clima de Inversión 2025: República Dominicana”, publicado por el Sección de Estados Unidos, el cual reconoce los avances que ha rematado el gobierno dominicano en materia de crecimiento financiero, estabilidad política y promoción de la inversión, sin secuestro advierte que se mantienen problemas estructurales que preocupan a los inversionistas extranjeros, como la corrupción administrativa a la que se unen: la inseguridad ciudadana, la burocracia, y la equivocación de reformas esencia en sectores estratégicos como el eléctrico.
El documentación detalla que entre las quejas se “encuentran percepciones de corrupción generalizada tanto a nivel doméstico como regional, equivocación de competencia técnica interiormente del Gobierno, retrasos en los pagos estatales, obstáculos burocráticos y procedimientos no estandarizados en la valoración aduanera y clasificación de importaciones”. Toda esta problemática implica la presencia de la corrupción pública a lo interno el Estado.
Aunque existen leyes y regulaciones contra la corrupción como la Ley Numero 340-06 sobre Contrataciones y Compras Públicas prohíbe adscribir contratos públicos a personas o entidades donde exista un conflicto de interés, pero lo cierto es que por lo normal las personas favorecidas con contratos estatales tienen poderosas e influyentes relaciones con la estructura de poder. Eso es innegable.
El documentación subraya que la percepción de corrupción sigue siendo un obstáculo para la inversión a pesar de que la República Dominicana haya descendido en su posición en relación al Índice de Percepción de Corrupción de la estructura Transparencia Internacional del puesto 137 (2020) a 104 (2024), la corrupción estatal continúa siendo un solemne problema social.
Organizaciones de la sociedad civil, como FINJUS (Fundación Institucionalidad y Probidad), Billete Ciudadana y la Asociación Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), juegan un papel esencia en la supervisión de la transparencia, pero en la sinceridad de los hechos, es el Estado Dominicano que debe convertirse en el decano avalista para impedir que la corrupción, en particular la pública continue debilitando los cimientos institucionales en la República Dominicana.
El autor es periodista, educativo y escritor dominicano radicado en el Estado de Nueva Pullover. Puede ser contactado en rhernandez5@hotmail.com
