ztevenreal
La Constitución Norteamericana desde el arranque de los Estados Unidos como nación el cuatro de julio de 1776 protege una serie de derechos fundamentales como impedimento de que el gobierno establezca una religión oficial, prohíba el dispensado entrenamiento de la religión, restrinja la arbitrio de expresión o de prensa, el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a solicitar al gobierno que resuelva sus problemas.
Claro está que bajo esas normas se rigen las instituciones educativas en particular, las universidades, las cuales a su vez están regidas por sus reglamentos internos. En la ejercicio, las universidades están fundamentadas bajo las leyes y normalizadas en enseñar con pluralidad y apegadas a las normas de las libertades y lo que establece la democracia.
Los planes de estudios y carreras de las universidades no están bajo la vigilancia del Estado y sus planes de enseñanza siquiera están sujetos a la aprobación o no del gobierno. Aunque el gobierno federal otorga patrimonio a las universidades, esos fortuna económicos que son asignados en la ley del presupuesto doméstico del gobierno no se consideran como una obligación de lo que deben enseñar o no.
Sin retención, en semanas recientes, el gobierno que dirige Donald Trump se ha manifestado no solo en suspender los fondos económicos que se les asignan a las universidades, sino en cancelarle las licencias (permisos) que les permiten en a las universidades mantenerse en pleno funcionamiento conveniente a que contribuyen al antisemitismo, entendido como el tabú u odio contra los judíos. Bajo condiciones especiales, el Unidad de Educación puede revocar la certificación a las universidades, pero será la razón la que tomará esa intrepidez.
La universidad Columbia (Nueva York) fue la primera a la que el gobierno le suspendió los fondos de más de 400 millones dólares, por permitir movilizaciones contra la invasión de Israel contra Palestina a la que le siguió la universidad de Harvard (Massachusetts), por las mismas razones a la que igualmente le fueron retenidos 2 mil 600 millones, pero ambas instituciones han contrademandado al gobierno en presencia de tal situación.
Es más, a Harvard, el gobierno la ha intimidado con revocarle la certificación para que no opere, pero bajo la ley el gobierno no tiene la autoridad para hacerlo, ni con ella, ni con las demás universidades norteamericanas. Recientemente un magistrado federal de Massachusetts bloqueó el intento del gobierno de revocar la certificación que le permite a la universidad aceptar estudiantes extranjeros. La última intrepidez será tomada por los tribunales de razón, conveniente a que el gobierno no puede dictar a las universidades lo que pueden o no enseñar en sus instalaciones.
El gobierno que por lo universal más que socavar las libertades las defiende, en el caso de las universidades, se está extralimitando en sus poderes cuyas decisiones muchas de las cuales como las órdenes ejecutivas anticonstitucionales como el derecho a la ciudadanía y deportación de inmigrantes como prisioneros a otras naciones han sido bloqueadas en sus mercancía por los tribunales de razón federales.
En la existencia de los hechos, la establecimiento de gobierno Trump ha demostrado en los pocos meses que tiene como inquilino de la Casa Blanca en intentar cohibir las libertades públicas, en una nación como los Estados Unidos que no ha hecho otra cosa históricamente que ampliar, proteger y defender el derecho de comportarse en democracia.
El gobierno ha iniciado con querer imponer a la fuerza medidas que legalmente no pueden aplicarse un peligroso camino que en lo político a la larga tendrá un elevado costo. Es cuestión de tiempo.
