Estefora Anne-Mircie Joseph.

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- La jueza de Atención Permanente del Distrito Jurídico de Santiago, Yerixa Cabral, impuso una fianza económica de 500,000 pesos y presentación periódica a tres de las cuatro empleadas del Instituto Integral Leonardo Da Vinci imputadas por la homicidio de la pupila Stephora Anne-Mircie Joseph durante una excursión escolar, valentía que será apelada por el Servicio Divulgado.

Son ellas Yris del Carmen Reyes Adames, Francisca Josefina Tavárez Vélez y Vilma Altagracia Vargas Morel, quienes deberán hacer el suscripción a través de una compañía aseguradora.

En el caso de la directora del centro educativo, Gisela González, el tribunal dispuso facilidad pura y simple al considerar que el Servicio Divulgado no presentó ninguna prueba que la vincule con el hecho.

LA DIRECTORA NO ESTABA EN EL LUGAR DE LOS HECHOS

La abogada María del Pilar Zuleta, representante de una de las imputadas, afirmó que la valentía fue correcta y se ajusta al derecho.

«Nuestra representada, la señora Gisela González, era señalada por el Servicio Divulgado como la directora del colegio. Sin confiscación, el tribunal entendió que no se depositó ni una sola prueba que la conecte con lo ocurrido», explicó.

Añadió que los nociones presentados demostraron que González no estaba presente en el lado cuando ocurrió la tragedia, razón por la cual la jueza consideró que no había motivos para imponerle una medida de coerción.

MINISTERIO PUBLICO APELARÁ MEDIDA

De su banda, la magistrada Olga Dina Llaverías informó que el Servicio Divulgado no comparte la valentía y que recurrirá una vez reciba la notificación oficial.

Los abogados de la grupo, Miguel Valdemar Díaz y Shesnel Calcaño, calificaron la medida como insuficiente y denunciaron que los directivos reales del colegio quedaron fuera del proceso.

Aseguraron que existió una sujeción de negligencias y que el centro operaba excursiones sin protocolos de seguridad.

SE QUERELLAN CONTRA ADMINISTRADORES DEL CENTRO

Los juristas depositaron una querella y solicitud de coerción contra los administradores del colegio y de la hacienda donde ocurrió el hecho, tras certificarse que el lado no tenía condiciones para acoger niños.

La grupo reiteró que no descansará hasta que “los verdaderos responsables enfrenten a la imparcialidad”.

un/soy