HIGÜEY. La construcción del Centro Correccional Preventivo de Anamuya, en Higüey, presenta un avance del 35 %, informó el ingeniero Genner Alexander Lozano, supervisor del Comité de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (CARP-Higüey). El esquema representa un paso secreto con destino a la perfeccionamiento del sistema penitenciario en la provincia La Altagracia. Aunque la entrega estaba prevista para finales de 2025, el cronograma fue extendido tres meses más, por lo que se calma que el circuito esté inteligente a principios de 2026.

El retraso obedece a ajustes técnicos y logísticos. La inversión total asciende a RD$475 millones. El ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, y el director de la Oficina Doméstico de Apoyo a la Reforma Penitenciaria, Roberto Santana, realizaron una trayecto de supervisión para demostrar el progreso de la obra.

El nuevo centro tendrá capacidad para más de 570 personas privadas de autogobierno: 500 hombres en condición preventiva y 70 mujeres, tanto preventivas como condenadas, distribuidos en bloques separados. Lozano explicó que el esquema cuenta con consultoría internacional, incluyendo arquitectos argentinos, y con respaldo comunitario. Se exploración cumplir con estándares internacionales en derechos humanos y rehabilitación.

Una de las medidas de seguridad más destacadas será la implementación de tecnología para sitiar señales de celulares, en coordinación con Indotel y ONAPREP, a fin de preparar actividades ilícitas adentro del circuito. En cuanto a los programas de rehabilitación, se contempla la instalación de talleres de formación técnica, cursos de cocina, costura, belleza y crianza de animales. Estas actividades estarán enfocadas en las internas con condenas definitivas, mientras que los hombres permanecerán bajo régimen preventivo.

La infraestructura incluirá edificaciones modernas: edificio oficial, torre de vigilancia, celdas, comedor, zonas de visitas, cancha deportiva, casetas de seguridad, y áreas para manejo de basura y gas. El diseño rebate a una visión de razón restaurativa y progresividad, en cumplimiento con la Ley 113-21 sobre el sistema penitenciario, con enfoque en la dignidad humana.

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