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NUEVA YORK.- El Área de Equidad de Estados Unidos (DOJ) ha colocado a sus fiscales priorizar la revocación de la ciudadanía estadounidense a los inmigrantes naturalizados que hayan cometido ciertos delitos, entre ellos:
Los que representan un peligro potencial para la seguridad doméstico, incluyendo a aquellas con vínculos con el terrorismo, el espionaje o que participaron en torturas, crímenes de querella u otras violaciones de derechos humanos.
Todavía, contra personas que promovieron o fomentaron las actividades de bandas criminales transnacionales y carteles de la droga, así como los extranjeros que cometieron delitos graves que no se revelaron durante el proceso de naturalización.
El fiscal adjunto de la División Civil del DOJ, Brett A. Shumate, ha enviado un memorando en el que advierte que su oficina promoverá al mayor” los procedimientos de desnaturalización en todos los casos permitidos por la ley y respaldados por pruebas.
Por otra parte, el DOJ abrió un frente contra los ciudadanos naturalizados que participaron en diversas formas de fraude financiero, incluyendo delitos contra el software de seguro divulgado Medicaid.
Pero el memorando además establece que se evaluará “cualquier otro caso” remitido a la División Civil que se considere lo suficientemente importante como para investigarlo, otorgando a los fiscales del DOJ anciano discreción sobre cuándo iniciar procesos de desnaturalización.
Organizaciones como la Asociación Doméstico de Abogados de Defensa Penal (NACDL) han condenado la imprecisión y el amplio zona de influencia de la directiva.
