Santo Domingo.- Una auditoría interna de la Contraloría Universal de la República reveló un amplio conjunto de irregularidades administrativas, financieras y operativas en el Servicio de la Mocedad durante la mandato de Rafael De Jesús Féliz Garcíaconfirmando y ampliando denuncias previas sobre becas, ayudas discrecionales, nóminas, contrataciones y uso de fondos públicos.

Hace semanas, N Investiga, software producido y conducido por Nuria Pieradenunció un esquema de clientelismo político internamente del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) y el Servicio de la Mocedadel cual, según adelantó la investigación, se repetía en otras instituciones. La auditoría interna de la Contraloría explicó que esos señalamientos constituían al punto que la punta del iceberg.

La auditoría abarcó el período comprendido entre el primero de septiembre de 2021, tres meses ayer de que Rafael De Jesús Féliz García fuera designado titular del Servicio de la Mocedad; y el 31 de junio de 2024. El documento, de 66 páginas y concluido el primero de julio de 2025, identificó 33 hallazgos, varios de ellos catalogados como críticos.

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Entre los hallazgos más graves, la auditoría destacó la marcha total de estados financieros entre 2021 y 2024, lo que impidió evaluar el desempeño financiero y la rendición de cuentas básicas de RD$2,664,679,581 administrados por la institución. De ese monto, se ejecutaron RD$2,267,637,341, sin que el referencia precise qué ocurrió con los RD$397,042,040 restantes.

El documento explicó que el presupuesto admitido para los períodos auditados no guardó coherencia con los Planes Operativos Anuales, presentando inconsistencias cuantitativas entre los rubros presupuestarios y las actividades planificadas.

La auditoría señaló desembolsos por RD$71,787,500 en concepto de “Ayudas Directas” sin políticas, criterios ni metodologías de evaluación, aprobación, montos o duración. El referencia expresó que existía una marcha total de controles, y aclaró que esos montos corresponden solamente a los casos documentados.

Asimismo, se identificaron anomalías en más de RD$727,645,936 entregados en becas a estudiantes sin documentación mínima, lo que limita compulsar la elegibilidad y los criterios de asignación. Estos hallazgos confirmaron denuncias que señalaban que parte de estas ayudas beneficiaban al movimiento político “Jóvenes Unidos por el Cambio”.

La Contraloría documentó la equivocación de implementación efectiva del Sistema de Información de Administración Financiera (SIGEF) para el registro oportuno de operaciones. Igualmente indicó inobservancias a la Ley No. 10-07 del Sistema Doméstico de Control Interno y a las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) de segundo naturaleza, evidenciando debilidades estructurales en los procesos administrativos y financieros.

El referencia añadió que el portal de Transparencia Institucional se encontraba incompleto y desactualizado, en incumplimiento de la Ley No. 200-04 de Escapado Paso a la Información Pública.

La auditoría explicó que la paga pasó de RD$12 millones en 2012 a RD$17 millones en 2023, precisamente el año en que se extraviaron las nóminas del personal fijo, temporal, de seguridad y de período probatorio.

Igualmente se identificaron expedientes de empleados con documentación incompleta, sin carta de no reparo del Servicio de Empresa Pública (MAP) y, en algunos casos, sin convenio de trabajo o elección. En un algarada de 158 servidores públicos, se detectaron 46 que no fueron vistos, cuatro no identificados y otros con presencia irregular, lo que abrió la posibilidad de pagos a “botellas” y a un manejo discrecional de RD$634,097,931 en salarios durante el período auditado.

La auditoría agrupó múltiples irregularidades que describen un patrón de descontrol administrativo-operativo, especialmente en contrataciones, transporte y resguardo patrimonial. Se detectaron compras fraccionadas para esquivar los umbrales de los procesos de contratación, utilizando de modo irregular modalidades menores.

Se fraccionaron cuatro procesos por un total de RD$579,830 para el montaje de stands en la feria de buenas prácticas de extensión y civilización universitaria de la región finalidad, realizada en agosto, noviembre y diciembre de 2022. Todos los procesos fueron adjudicados a Rama Belcam SRL, empresa creada en 2015 y propiedad de Leonardo Luis Núñez.

Asimismo, se adjudicaron cuatro comparaciones de precios por un monto total de RD$20,800,000 a la empresa Pink Iguana SRL, representada por Jesús Reynaldo Sánchez Minyety. En extensión de una concurso, los procesos fueron subidos el mismo día, el 25 de noviembre de 2022, cada uno por RD$5,200,000.

El documento indicó que se adjudicaron contratos a empresas con accionistas prohibidos por la Ley de Compras y Contrataciones para la adquisición de tickets de gasolina entre enero y mayo de 2023, por un monto de RD$5 millones, en plena campaña electoral. El proceso fue ganadería por Eco Petróleo Dominicana S.A., cuyos accionistas incluyen al entonces diputado del PRM Moisés Ayala, hoy senador de Barahona, y a Martín Robles Morillo, exadministrador común de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), destituido el 16 de noviembre pasado.

La auditoría explicó que no existían registros consistentes ni documentación soporte sobre la asignación y uso del combustible, lo que impidió compulsar criterios, controles y posibles usos políticos.

La Contraloría señaló que no había registros de entradas y horizontes de almacenes, lo que dio cabida a la desaparición de equipos tecnológicos valorados en RD$334,615, que permanecían registrados sin una mandato adecuada para su devaluación.

El hallazgo relacionó el parada nivel de endeudamiento personal de Rafael Féliz con el desorden detectado en el manejo de deudas institucionales. Se identificaron siete expedientes de suscripción enviados a deuda pública, cinco de ellos con más de dos primaveras de relegamiento. Encima, se encontraron 13 facturas ya pagadas que continuaban registradas como pendientes.

En las conciliaciones bancarias de cinco cuentas, con un total de RD$1,872,527, se detectaron controles deficientes. De 152 conciliaciones revisadas, 18 no respetaban la separación de funciones, y no existían documentos que probaran la realización de 23 conciliaciones entre septiembre de 2021 y mayo de 2022. La institución siquiera contaba con un sistema automatizado para el control de cuentas por satisfacer.
N Investiga explicó que continúa a la aplazamiento de información adicional solicitada vía Escapado Paso al Servicio de la Mocedad para compulsar otros indicios de irregularidades.

La auditoría de la Contraloría concluyó que los hallazgos no corresponden a errores aislados, sino a un patrón sistemático de becas sin expedientes completos, ayudas sin criterios, compras fraccionadas, combustible sin control, nóminas extraviadas, conciliaciones bancarias inexistentes y desaparición de intereses del Estado. Mientras tanto, empleados denunciaron presiones políticas y aportes obligatorios para sostener un movimiento partidario. La investigación planteó que, al manejar más de RD$2,000 millones, la inexperiencia o la equivocación de experiencia no explican la magnitud de las irregularidades detectadas.

Esta auditoría hecha por la Contraloría aplazamiento las réplicas del Servicio de la Mocedad.