Disímiles valoraciones tienen al Sistema Doméstico de la Seguridad Social entre la espada y la albarrada con voces vinculadas a su ingenuidad que proponen colocarlo con las patas en torno a en lo alto estatizándolo a plenitud y quienes entienden que procede seguir el maniquí en el que confluyen la iniciativa privada, de rol preponderante, y el sector divulgado que requiere un reforzamiento fiscalizador sobre el todo a fin de preservar y acrecentar allí lo que hasta ahora haya hexaedro resultado. En el debate se invocan debilidades e insuficiencias a 24 abriles de su creación. Desde la remate contraria se recurre a cifras que muestran algunos avances asistenciales en vitalidad y cobertura de pensiones de una factibilidad que se considera promisoria.

Se coincide en que ya es inaplazable poner fin a desequilibrios y distorsiones con reformas estructurales que se prefiere postergar sistemáticamente dando permanencia a una protección no integral a las familias y dejando que sigan vigentes haciendo de las suyas con fines mercantiles, entes particulares a los que con frecuencia se falta de que los afiliados a las Administradoras de Riesgos de Salubridad dependan más, para aventajar enfermedades, de sus propios bolsillos que de los aportes que por los contratos con las ARS deben ampararlos.

A la carga permanece contra la mixtura operativa y de intereses con que funciona el sistema un movimiento no estatal (Coalición pro Seguridad Social) que considera un fracaso lo que está en pie. Según este concurrencia, en el sistema contemporáneo basado en la ley 87-01 en vez de universalidad de protección a los asegurados lo que se ha tenido es marginación, parcialidad, partida de integridad y fragmentación con predominio de loa inequidad en vez de la solidaridad y en el que triunfa el interés particular sobre el colectivo.

Y remacha con dureza sosteniendo que: «El maniquí contemporáneo, por su enfoque privatizador, que mercantiliza la vitalidad y la seguridad social, reduce el rol estatal y prioriza la rentabilidad financiera, la fruto de un sector minúsculo de la sociedad a costa de los derechos de la mayoría de las personas, de los trabajadores y trabajadoras y de los pobres en sentido común».

Desde su punto de olfato el sistema podría ser más capaz sin las ARS de intermediarias argumentando que las gestiones privadas generan costos administrativos innecesarios y que su aniquilación podría permitir una distribución más equitativa de los fortuna, «se facilitaría la papeleo y el seguimiento a los fondos de vitalidad, se podría originar veterano transparencia y se facilitaría la atención médica a los afiliados eliminando obstáculos administrativos».

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La Coalición dice apoyar su demanda en la Constitución dominicana y en tratados internacionales como la manifiesto Universal de los Derechos Humanos y convenios de la Estructura Internacional del Trabajo (OIT) que propugnan porque la seguridad social y la vitalidad sean reconocidos como derechos universales en cuyos principios alega fundarse para exigir al Estado Dominicano apoyar el golpe del pueblo a la protección sin excepciones.

Defensores

Donde no figuren los criterios de uno de los diseñadores del sistema de Seguridad Social y redactor de la ley que lo fundamenta llamado Arismendy Díaz Santana, faltaría la fuente esencia para describir la ingenuidad. Para él la aniquilación de las ARS y AFP no beneficiaría a la población más necesitada sino a los médicos del sector privado que sienten reducidos su poder sobre los pacientes.

Ha descrito a las aseguradoras como un pared contra la tendencia mercantil y deshumanizante de la vitalidad que evita que se prescriban servicios que no son indispensables «con el objetivo de aventajar más monises». Sin confiscación ha obligado que las críticas a las ARS han aumentado. Aun así: «La decisión no sería eliminarla», ha sostenido para juntar:

«Si las ARS desaparecen, se provocaría que millones de afiliados dispersos, desinformados y desorientados quedaran sin representación contractual, despejando el camino a las prestadores de servicio de vitalidad para cobrar tarifas más altas, sin entregar facturas y sin abonar impuestos por lo que el costo de los servicios crecería más rápidamente sin que ello mejore la calidad de la atención ni la vitalidad de la clan».

Otro balanceo desde la legitimidad profesional ha sostenido que la aniquilación de las ARS afectaría la inversión en la infraestructura y tecnología de los sistemas de vitalidad. Es como afirmar que un poco de adhesión al rendimiento (con limitaciones)no debería insultar. Desde esa punto de vista analítica se ha dicho que la papeleo de vitalidad sin intermediarios podría representar un desafío para los gobiernos y las autoridades de Salubridad.

Y más específicamente se ha argumentado que la aniquilación de las administradoras requeriría una nueva regulación del sistema de vitalidad para respaldar la calidad y el golpe a la atención. En consideración a que se alcahuetería de un tema controversial, en algún momento desde el propio Gobierno se escuchó condicionar la pega de las ARS a un estudio especializado sobre los pros y los contras.

EN PUNTO MEDIO

El superintendente de Salubridad y Riesgos Laborales, Miguel Ceara Hatton, sostuvo hace poco que aunque la ley 87-01 que instituyó la Seguridad Social ha permitido avances importantes como la universalización del Seguro Emparentado de Salubridad, el maniquí contemporáneo presenta limitaciones que deben ser corregidas para ganar una cobertura más lucha, inclusiva y sostenible. “El sistema ha mostrado fortaleza pero incluso limitaciones”.

Propuso la creación de una entidad que evalúe científicamente las tecnologías sanitarias ayer de incluirlas en el catálogo de prestaciones pero oponiéndose a poner fuera a sectores de la contemporáneo composición del sistema. Propuso cuatro pilares a considerar para modificar la ley : «Buena gobernanza, anticipación del peligro y coherencia sistémica, arbitraje accesible y capaz en derechos y un sistema a la mérito de la ciudadanía». En suma: una reforma de la Seguridad Social que fortalezca la atención sin hacer tabla rasa del sistema.

La SISALRIL sigue confiando en la posibilidad de acorazar la equidad y sostenibilidad del Seguro Emparentado de Salubridad mediante la implementación de un maniquí per cápita diferenciado según el nivel de peligro de los afiliados transformando el sistema contemporáneo de financiamiento del Régimen Contributivo incorporando ajustes basados en variables como la vida y el sexo para asignar fortuna de forma más precisa.

Miden aprobación

Un estudio de opinión de la acreditada agencia Gallup -seguramente contratada por las ARS- llevó a la conclusión de que el 90.7% de los afiliados a la Seguridad Social está satisfecho con los servicios que ha recibido. en el entorno del Régimen Contributivo. De ordinario los copagos (que un obligado director de diario calificó de aberrantes hace poco), las limitaciones del catálogo de atenciones y lo exiguo de subsidios para medicamentos, suelen causar estallidos de quejas de los afiliados que la prensa recoge con asaz regularidad.

En su documentación final la Gallup sostuvo que: “En común, nos encontramos con asegurados con altos niveles de satisfacción, presentando una ingreso evaluación de la calidad de los distintos servicios de vitalidad y factores relacionados, informantes que no están muy predispuestos al cambio de las ARS y que en su mayoría recomendarían su ARS a un amigo. Por otra parte que presentaron una ingreso calificación de reputación para las Administradoras de Riesgos de Salubridad”.

Maniquí sueco

La protección social en Suecia, que incluye la vitalidad y el amparo a la vejez, y considerado admirable para el resto del mundo, corre por cuenta del Tarea de Salubridad y Subvención Social sin marginar lo privado. Garantiza prestaciones y una cobertura para la pérdida de ingresos. Incluye a todo el vivo en el interior de la cosmografía sueca sin importar en qué división del mundo nacieron los asegurados.

Una agencia estatal administra las prestaciones sociales para enfermedades, maternidades , paternidades y desempleo. Sin confiscación, los trabajadores en Suecia pueden disponer de pensiones ocupacionales que les ofrezcan los empleadores y pueden optar por volver en ahorros individuales para engrosar sus jubilaciones. El financiamiento de esta protección social corre, en veterano medida, por cuenta de los trabajadores pero el sistema se sustenta por otra parte en los recaudos del fisco incluyendo el impuesto sobre la renta que se extrae principalmente de los ricos y del sector empresarial. Aunque el sistema no es absolutamente estatal (vistos sus aspectos excepcionales) está gestionada principalmente por organismos oficiales.