Washington (AP) .- La Guardián Costera de Estados Unidos detecta y detiene cada año a un gran número de embarcaciones que transportan droga por el Caribe en su papel como la policía mundial antidrogas en altamar.

Ahora, esa cometido antinarcóticos podría resplandecer completamente diferente luego de que Estados Unidos lanzó un ataque marcial contra una embarcación frente a las costas de Venezuela. Funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump aseguraron la semana pasada que miembros del crimen organizado contrabandeaban drogas en torno a Estados Unidos.

Washington ha indicado que podrían venir más ataques militares de este tipo, señalando que pesquisa “resolver la disputa” contra los cárteles latinoamericanos a los que acusa de inundar a Estados Unidos con cocaína, fentanilo y otras drogas. Sin confiscación, enfrenta crecientes preguntas sobre la justicia de la operación marcial y cualquier subida de este tipo, lo que trastoca décadas de procedimientos para interceptar embarcaciones sospechosas de transportar drogas.

“Esto positivamente complica la enorme inversión que Estados Unidos ha estado haciendo durante décadas para construir una sólida infraestructura constitucional para arrestar y procesar a presuntos traficantes de drogas”, señaló Kendra McSweeney, geógrafa de la Universidad Estatal de Ohio que ha pasado primaveras investigando la infraestructura constitucional de las intercepciones de narcóticos por parte de Estados Unidos en altamar.

Autodefensa y una “amenaza inmediata”
Durante una cita a Latinoamérica la semana pasada, el Secretario de Estado Ámbito Rubio afirmó que los cárteles del narcotráfico “representan una amenaza inmediata para Estados Unidos” y que el presidente Trump “tiene derecho, bajo circunstancias exigentes, a eliminar amenazas inminentes para Estados Unidos”.

Un funcionario federal incluso mencionó la autodefensa como una motivo constitucional para el ataque que, según el gobierno, cobró la vida de 11 miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua, la cual ha sido denominada como una ordenamiento terrorista extranjera. El funcionario habló bajo condición de anonimato para evitar represalias.

El gobierno federal utilizó un argumento similar hace algunos meses para testimoniar una intensa campaña de bombardeos contra los hutíes en Yemen. Sin confiscación, tras bambalinas, la motivo para los ataques contra los cárteles parece mucho más compleja.

El New York Times informó el mes pasado que Trump firmó una orden que instruye al Pentágono a comenzar a usar fuerza marcial contra ciertos cárteles latinoamericanos del narcotráfico. El reporte estaba relacionado con el ataque a la embarcación, según un funcionario federal que habló bajo condición de anonimato a fin de discutir detalles operativos.

Sin detalles del ataque
El vicepresidente JD Vance celebró el ataque durante el fin de semana, dejando imaginar que el uso de la fuerza es necesario para proteger a las familias estadounidenses del flagelo de las drogas.

“Matar a miembros de los cárteles que envenenan a nuestros conciudadanos es el mejor uso de nuestro ejército”, dijo Vance en la red social X.

Varios demócratas, e incluso algunos republicanos, criticaron los comentarios de Vance. Líderes en el Congreso incluso han presionado para obtener más información sobre por qué se tomó una batalla marcial.

El Pentágono ha permanecido en silencio sobre cualquier detalle del ataque. Oficiales militares no han revelado qué institución lo llevó a extremo, qué tipo de armamento se utilizó o cómo fue que se determinó que la embarcación era operada por el Tren de Aragua o que transportaba drogas.

El Secretario de Defensa Pete Hegseth dijo la semana pasada que “se han designado a organizaciones terroristas extranjeras, tenemos esas facultades, y se manejo de perdurar a omitido al pueblo estadounidense. No hay razón para que le dé al conocido o a los adversarios más información que esa”.

Funcionarios del Pentágono no respondieron a preguntas directas sobre la motivo constitucional para el ataque y si el ejército se consideraba en disputa con el gobierno del presidente venezolano Nicolás Sazonado.

Hegseth viajó el lunes a Puerto Rico, donde se desplegaron tropas para un examen de entrenamiento y a donde Estados Unidos enviará 10 aviones de combate F-35 para operaciones contra los cárteles del narcotráfico.

“De ninguna forma hay una autoridad para esto”
Claire Finkelstein, profesora de derecho de seguridad doméstico en la Universidad de Pensilvania, dijo que el término “ejecución extrajudicial” sería más adecuado para describir el ataque. Lo considera un resultado de la equívoco que ha ido surgiendo a lo grande de las últimas dos décadas entre la aplicación de la ley y el conflicto armado.

Luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos comenzó a designar a miembros de organizaciones terroristas extranjeras, como Al Qaeda y los talibanes, como combatientes ilegales, haciéndolos vulnerables a ataques estadounidenses, incluso cuando no estaban directamente involucrados en una disputa.

Trump ha designado a varios cárteles latinoamericanos, incluido el Tren de Aragua de Venezuela, como organizaciones terroristas extranjeras. Pero eso no hace que un ataque contra presuntos integrantes del categoría sea constitucional, afirmó Finkelstein. El Congreso no ha competente el uso de la fuerza contra Venezuela ni hay resoluciones de la ONU que justifiquen las acciones de Estados Unidos.

“De ninguna forma el derecho internacional otorga una autoridad para esto”, subrayó. “No fue un acto de autodefensa. No fue en medio de una disputa. No había una amenaza inminente para Estados Unidos”.

Días luego del ataque, un par de aviones venezolanos armados volaron cerca de un buque de disputa estadounidense en el Caribe, y Trump advirtió el viernes que, a partir de ese momento se dispararía contra cualquier revoloteo.

El ataque “acertadamente podría considerarse un acto de disputa contra Venezuela y ellos podrían tener justificaciones para contestar con el uso de la fuerza”, señaló Finkelstein. “¿Se imaginan lo que sucedería si su armada estuviera a 12 millas (19 kilómetros) de la costa de Estados Unidos?”.

La disputa contra las drogas en altamar
Los registros e incautaciones en altamar fueron una característica durante la primera “disputa eterna” de Estados Unidos —la disputa contra las drogas que declaró el presidente Richard Nixon en 1971.

En 1986, en el apogeo del Cártel de Medellín de Pablo Escobar, el Congreso aprobó la Ley Marítima Antidrogas, la cual define el contrabando de drogas en aguas internacionales como un crimen contra Estados Unidos y le otorga a Estados Unidos poderes únicos de arresto.

Por lo genérico, las autoridades detienen y abordan embarcaciones, arrestan a la tripulación y confiscan cualquier contrabando. Los esfuerzos son liderados por la Guardián Costera de Estados Unidos con el apoyo del Pentágono, el Unidad de Estado, la Empresa para el Control de Drogas (DEA por sus iniciales en inglés) y el FBI, así como aliados de Reino Unido, Francia, Holanda y varios países de América Latina.

Ahora, luego de advertir que operativos como ese “volverán a ocurrir”,

con la advertencia de operaciones como el ataque “volverán a ocurrir”, Rubio aseguró que Trump “quiere resolver la disputa a estos grupos porque han estado en disputa con nosotros durante 30 primaveras y nadie ha respondido”.

En los primeros nueve meses del año fiscal en curso se presentaron 127 procesos al amparo de la ley marítima antidrogas, según el Centro de Comunicación a Registros Transaccionales de la Universidad de Syracuse, el cual recopila datos del Unidad de Rectitud, en comparación con 131 en 2024.

Como cada caso involucra a múltiples acusados, el número existente de extranjeros detenidos en altamar probablemente sea mucho maduro.

La Guardián Costera anunció el mes pasado lo que calificó como la maduro incautación de drogas de la que tenga registro como resultado de múltiples intercepciones en un periodo de dos meses. Algunos de esos decomisos fueron realizados por un destacamento de la Guardián Costera a costado de un buque naval holandés en el Caribe.

“Si acertadamente nadie simpatiza con la situación de los traficantes de drogas, la razón por la que hacemos esto a través de un proceso procesal, en asociación con otras naciones, es para que podamos compilar evidencia que nos permita construir casos más grandes e ir tras los jefes de los cárteles”, dijo James Story, quien se desempeñó como embajador en Venezuela durante el primer mandato de Trump.

Story, quien dirigió la oficina antinarcóticos del Unidad de Estado en Colombia y América Latina a principios de su carrera, dijo que 20 naciones tienen enlaces en una fuerza de tarea con pulvínulo en la Periodo Aérea Naval en Key West, Florida, donde se coordinan los abordajes en altamar.

“Cualquier cosa que pueda poner en peligro esas relaciones nos haría menos efectivos a grande plazo”, subrayó.