El arresto a la exdiputada Rosa Amalia Pilarte se ejecutó la mañana de este miércoles, al momento de ella personarse a la sede de la Procuraduría Común de la República y posteriormente de que su casa en La Vega fuera allanada por miembros del Empleo Manifiesto.
Pilarte acudió a la Procuraduría Común luego que la fiscal Andry De Los Santos, de la Pelotón de Captura de PrófugosRebeldes y Condenados (Ucaprec), y la procuradora adjunta Sourelly Jaquez encabezaran el irrupción a su vivienda en cumplimiento a la condena de cinco primaveras de prisión que le impuso la Suprema Corte de Neutralidad (SCJ).
La Ucaprec ejecutó la orden emitida por el Tribunal de Ejecución de la Pena del Unidad Legislativo de La Vega, mediante el coche penal número 212-01-2025-SADM-00700, del 2 de septiembre de 2025, informó el Empleo Manifiesto.
La exlegisladora del Partido Revolucionario Novedoso (PRM) fue hallada culpable de lavado de activos provenientes del narcotráfico por la Segunda Sala de la SCJ, sentencia que fue confirmada por el Pleno de esa entrada corte.
El Pleno de la SCJ ratificó la sentencia impuesta por su Segunda Sala en funciones de tribunal de prudencia de la dominio privilegiada y emitida el 28 de mayo del pasado año, la cual adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.
Al momento de ser condena por la Segunda Sala de la SCJ todavía era diputada, curul que ocupó hasta agosto del 2024.
La valor permite además al Estado incautar ingresos muebles e inmuebles a Pilarte valorados en más de 4 mil millones de pesos producto del lavado de activos provenientes del narcotráfico.
Purgará la pena en la calabozo de Rafey
Pilarte deberá cumplir los cinco primaveras de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Rafey Mujeres, provincia Santiago.
Por otra parte de la prisión, Pilarte fue condena al cuota de 200 salarios mínimos por los jueces Fran Soto, María GarabitoNancy Salcedo, Francisco Jerez y Francisco Ortega Polanco, quienes se inhibieron en la casación por tener conocido el proceso en la etapa antedicho.
Formaba parte de la red de su tribu, según MP
Según el Empleo Manifiesto, la exlegisladora formaba parte de la red de lavado de activos del narcotráfico que supuestamente encabezaba su consorte Miguel Arturo (Micy) López Florenciode la que además formaban parte sus hijos José Miguel López Pilarte y Miguel Arturo López Pilarte, así como además los declarados en rebeldía Pablo Antonio Martínez Javier y Rigoberto Bueno Javier.
Los fiscales sustentaron frente a la SCJ que la procesada contribuyó con la colocación en el sistema financiero franquista más de 4,000 millones de pesos a pesar de que durante el período comprendido entre los primaveras 2003 y 2021 solo percibió salarios e ingresos por un total de 16.3 millones reportados tanto en la Gestión de la Seguridad Social (TSS) como de la Dirección Común de Impuestos Internos (DGII).
Los ingresos que se la ha ocupado
Los ingresos e inmuebles ocupados por el Empleo Manifiesto y decomisados en los tribunales a Pilarte son 13, todos ubicados en La Vega, entre ellos un dominio de 3,081.41 mt2, sito internamente del ámbito de la parcela número 157 del distrito catastral número 29, ubicada en la comunidad El Quemao, entrada La Represa, Manga Larga, La Vega.
Todavía, el inmueble identificado como 313295647592, con una extensión superficial de 728.11 metros cuadrados, amparado mediante matrícula número 0300032450, expedida por el registrador de títulos de La Vega; asimismo un dominio con una extensión superficial de 811.45 metros cuadradosamparado mediante matrícula número 4000250918, expedida por el registrador de títulos de La Vega.
Otro inmueble con una extensión superficial de 682.50 metros cuadrados, amparado mediante matrícula número 03000163269, expedida por el registrador de títulos de La Vega, y otro de 1,492.42 metros.
Abogados a cargo de la investigación
En el proceso contra la exlegisladora, el Empleo Manifiesto estuvo representado por Fernando Quezada García, Pedro Inocencio Amador Espinosa y Pelagio Alcántara Sánchez, del Unidad de Comarca Privilegiada y Procesos Especiales, anejo con la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en representación de la Procuradora Común de la República.






