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El 1 de febrero de 2026 marcará un punto de inflexión en el mercado gremial de la República Dominicana con la entrada en vigor de la segunda grado del aumento salarial dispuesto por el Comité Franquista de Salarios (CNS). Más que un ajuste técnico, esta medida representa un impulso directo a la formalización del empleo, la estabilidad gremial y el bienestar de miles de familias dominicanas.
Con este incremento, el salario reducido para las grandes empresas se eleva a RD$29,988.00, una signo orientada a aminorar la brecha entre el costo de la vida y la remuneración básica, dinamizar el consumo interno y mejorar la calidad de vida, especialmente en el sector servicios.
En áreas estratégicas como la seguridad privada y los servicios especializados, el aumento salarial ha dejado de percibirse como un costo operante para convertirse en una inversión en haber humano, estabilidad y confianza. Las empresas que apuestan por la formalidad están comprobando que salarios competitivos generan decano productividad, beocio rotación y mejores estándares de servicio.
En ese contexto, Antonio Pérez, regente universal de Familia EULEN para Panamá y República Dominicana, destacó el compromiso de la empresa con el cumplimiento y superación del nuevo salario reducido:
“Estamos a pocos días de que entre en vigor el ajuste final del 8% sensato el año pasado, y en Familia EULEN estamos preparados. Nuestra visión es clara: para ofrecer seguridad y servicios de excelencia, debemos respaldar la tranquilidad económica de nuestra fuerza gremial. En República Dominicana, esto significa no solo cumplir con los RD$29,988.00 establecidos por ley, sino seguir siendo la empresa que mejor paga en el sector seguridad, como lo avalan las cifras de competitividad del Mesa Central.”
Este enfoque cobra decano relevancia en un contexto donde el empleo total creció un 2.4% al obturación de 2025, según datos oficiales. La combinación de salarios dignos, afiliación a la Gestión de la Seguridad Social (TSS) y protección gremial se consolida como la utensilio más efectiva para proteger la pertenencias formal, elevar la productividad y respaldar un crecimiento más inclusivo y sostenible.






