A inicios de 2020 fue promulgada la Ley núm. 13-20 para la modificación integral de la Ley núm. 87-01 que rige la Seguridad Social en República Dominicana. A casi seis primaveras de aquella código, no se ha movido ni cambiado una composición.

En ese tablado, y a pesar de un creciente desembolso en publicidad e imagen, lo que sí ha sucedido es un avería impresionante de las instituciones claves en ese maniquí de negocios (AFP y ARS) y de las entidades que deberían supervisarlas, poco propio de los regímenes que la autora argentina Ana Gabriela Castellani claridad “acumulación privilegiada”.

Ese régimen a ayuda de las AFP dominicanas se observa en la captación compulsiva de la cotización social de las personas, a cambio de convertirla en deuda pública, mejorar discrecionalmente a proyectos corporativos, y unas reglas del maniobra para dar las peores pensiones en América Latina.

Así y todo, quien se adjudica la paternidad de la Ley núm. 87-01, Arismendi Díaz Santana, dedica sus columnas contra quienes rebaten el maniquí impuesto y proponen sistemas alternativos. A ese gimnasia de ciudadanía democrática le claridad él “radicalismo” e “intransigencia”.

Entiéndase: lo que Díaz Santana claridad “radical” es un sistema de beneficios definidos, solidario, garantista de derechos y de diligencia pública; es sostener, que cumpla con el artículo 60 de la Constitución y rige en países tan “radicales” como Estados Unidos y la inmensa mayoría de las 145 naciones con sistemas de pensiones en los que la muchedumbre cotiza, de los cuales solo 12 obligan a la capitalización individual, entre los cuales República Dominicana es una auténtica anomalía, pues los demás lo tienen como sistema paralelo, complementario o subsidiario.

Pero ahora Díaz Santana añade que él es, al mismo tiempo, el padre de la ley y incluso el pionero en escandalizarse con las comisiones que tienen a las AFP montadas en niveles de rentabilidad exorbitantes.
Eso se cae solo: en un comunicado del 27 de febrero de 2019 (mismo día en que el expresidente Danilo Medina hizo el anuncio de su nueva propuesta de comisiones), luego en una carta del 25 de abril a la comisión bicameral que estudiaba el esquema, y luego en una nota de prensa del 1ero de mayo, expusimos el emoción recesivo que tendría un cambio de las comisiones que cobran las AFP para aplicarlas sobre el total del saldo administrado.

Allí de ser pionera, la carta en que Díaz Santana se cita a sí mismo es de mayo de 2019, posterior en casi tres meses a nuestros primeros señalamientos y observación públicos.

Adicionalmente, le hemos puesto números a eso que le escandaliza, pero cuya paternidad se acredita: 114 mil millones de pesos es el costo social que representan las AFP en gastos internos y en ganancias improductivas, con resultados que aseguran pobreza para la mayoría, elevada deuda pública y concentración de la riqueza, a lo que hay que añadir el solemne aventura de una crisis social y política.

En este momento histórico, con la ley frizada y un régimen de acumulación privilegiada en seguridad social que no permite a los poderes públicos cumplir sus funciones, se seguirá diciendo y haciendo de todo para rescatar la imagen de un sistema internacionalmente fallido y inmovilizar el debate de fondo.

Pero vale la pena seguir, con tal de sostener nuestros derechos cívicos y no dejarse silenciar, y defender una política pública de pensiones sensata, racional, efectivo, constitucional, humanamente digna y socialmente responsable.