El economista especializado en temas de Seguridad Social Arismendi Díaz Santana advirtió que proseguir congelado el confín del salario exento del Impuesto sobre la Renta desde 2017 se ha convertido en “y castigo fiscal” que afecta a casi un millón de trabajadores de ingresos medios y agrava la desigualdad social en el país.

Díaz sostiene que la valentía del Estado de suspender cada año la indexación cibernética que ordena el Código Tributario “niega un derecho elemental”, aumenta la carga impositiva sobre los asalariados y erosiona la confianza en las instituciones democráticas.

Según explicó, el artículo 296 del Código Tributario obliga a modernizar anualmente el monto exento del ISR conforme a la inflación. No obstante, esa modernización está suspendida desde hace ocho abriles, lo que ha provocado que 924,956 trabajadores paguen más impuestos de los que deberían.

De acuerdo con sus cálculos, en 2026 los asalariados perderán 13,764.3 millones de pesos por impuestos que, asegura, son “inmerecidos” y no tendrán fianza de devolución en forma de servicios públicos.

A esta carga se suman 40,000 millones de pesos en pago hogareño de faltriquera, un impacto que, afirma, reduce de guisa severa el poder adquisitivo de la clase media.

Díaz dice que esta política se agrava si se compara con otros sectores. Señala que las empresas y corporaciones ajustan cada año por inflación, tipo de cambio y valoración de activos, mientras los salarios siguen congelados en un confín de exención de 34,685 pesos, cuando —según el Consejo Regional Empresarial y Social (CRES)— debió subir a 52,151 pesos, una diferencia de 17,466 pesos. Entre 2017 y 2025, la inflación acumulada fue de 41.34 %.

El debate político

El senador Omar Fernández ha adeudado al Gobierno acatar la ley y modernizar la escalera salarial exenta. Calificó como “experiencia ilegal e injusta” la suspensión anual del ajuste, que suma diez abriles consecutivos.

El presidente Luis Abinader ha obligado públicamente que la indexación “es lucha y necesaria”, pero advierte que su aplicación plena reduciría los ingresos del Estado y obligaría a recortar partidas sensibles. El Gobiernosegún dijo, estudia vías para aplicarla “de la guisa más equilibrada posible”.

El ministro de Hacienda y Pertenencias, Caletre Díazestimó que modernizar el salario exento “de moradura” implicaría una reducción de rodeando de 25,000 millones de pesos en las recaudaciones. Propuso una aplicación escalonado para no comprometer la estabilidad fiscal.

Objeciones a la postura oficial

El economista Nelson Suárez cuestionó la magnitud del impacto presentado por las autoridades. En su evaluación, la reducción del impuesto rondaría los 13,764.3 millones, signo que —según él— sería compensada por un decano consumo en la posesiones adecuado al alivio tributario de los asalariados.

Suárez además señaló que el congelamiento perjudica a casi 200,000 pensionadoscuyos ingresos no han sido indexados durante más de una decenio, pese a que su poder adquisitivo se ha deteriorado de forma significativa.

Una situación “insostenible”

A Arismendi Díazel mantenimiento de esta política fiscal genera “impotencia, resentimiento y pérdida de confianza” en la institucionalidad democrática. La describe como una experiencia que favorece a grupos con poder de influencia a costa de trabajadores sin capacidad de presión.

A su litigio, el país necesita una reforma fiscal integral que elimine privilegios y restablezca la equidad en el sistema tributario. Señala que el Gobierno “no puede cargar con esa injusticia” y que la ciudadanía demora una opción definitiva al congelamiento del salario exento.