Mientras sigue frenada la aprobación de un nuevo Código de Trabajo con permanencia de los derechos a indemnizaciones por despidos por la desliz de consenso que gravita sobre el Congreso, los fuegos a servicio y en contra entre las partes estarían en camino de extinguirse porque el arbitraje a cargo del detención funcionariado oficial se decanta por dejar todo como está. El tradicional peso del sector empresarial estaría al borde de una inusual derrota aunque se resiste a renunciar a su objetivo de sujetar costos operacionales bajo el criterio de que le recae un peso financiero doble por concepto nóminas a partir de la vigencia en paralelo del Sistema de Seguridad. El agrupación monolítico de las centrales sindicales no retrocede en su defensa de la cesantía aún cuando la sindicalización da pocas señales de vida en el país y las más beligerantes vanguardias gremiales en la minería (Falconbridge) la telefonía (Codetel), la industria trapiche (Central Romana) y la desaparecida CDE, murieron destrozadas al enredar influyentes razones sociales.

UN PEPE REPRODUCIBLE

La voz más combativa a servicio de la prestación sindical tradicional parte del experimentado sindicalista Pepe Abreuquien no cesa de pronunciarse integralmente contra cualquier fórmula patronal que reduzca, fraccione o menoscabe el beneficio virtualmente comparable para él con el vellocino de oro de la mitología griega: La cesantía. El banderizo

mostrador se ha basado continuamente en la Ley de Seguridad Social que garantiza indemnizaciones a los asalariados y que a desliz de un acuerdo tripartito, “nadie debe cambiar lo establecido”. El frente sindical insiste en que la norma tiene histórica categoría de derecho adquirido tras abriles de lucha, huelgas y sacrificios de los trabajadores y no podría alegarse que representa un simple beneficio a regalar o quitar. “Representa una respaldo de seguridad económica para el trabajador en caso de despido injustificado”. Para las entidades que representan a hombres y mujeres que venden su fuerza productiva, la cesantía es “pilar de la estabilidad sindical y utensilio de dignidad y protección”.

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LA CONTRAPARTE

El sector empresarial ha prometido que atenuando el repercusión de la ley que obliga a indemnizar a los trabajadores sin suprimirla absolutamente, sino con regulaciones de beneficio para todas las partes, se estaría fomentando la contratación formal de más mano de obra que en la ahora. «Se aumentaría la competitividad y mejoraría la movilidad sindical».

El liderazgo empleador defiende su memoria de que la cesantíatal como es actualmente, representa un pasivo considerable contra sus rentabilidades y que reformándola habría más empleos en un país de detención desocupación, para beneficio principalmente de las PYMES en dificultades de solvencia para permanecer en la formalidad. Al rígido mandato de la cesantía atribuye la tasa de informalidad que permanece incólume por encima del 50%. Son más los trabajadores dominicanos marginados de la protección procesal que los que se acogen a las nóminas formales bajo una sombrilla que da vigencia a regulaciones salariales, regalía pascual, plazo por desahucio y billete en la Seguridad Social que con sus defectos llena con creces un gran malogrado tras desaparecer el IDSS.

FIEL DE LA BALANZA

Sin particulares compromisos con unos u otros, el exministro de Trabajo (y uno de los padres del Código diferente), Rafael Alburquerquese declaró partidario de que la cesantía solo sea tocada si las partes llegan a un consenso; sin dejar de confesar que cualquier ley que regule las relaciones entre empleadores y asalariados siempre puede ser perfeccionada. Resaltó que el 98% del texto de la reforma sindical propuesta unificó triunfalmente criterios del hacienda y del trabajo.

Encomió el esfuerzo popular que logró mejoras considerables en la fuero y en su momento invitó al sector patronal a requerir la continuación el diálogo tripartito si está insatisfecho y que debió derivar en un consenso al que nunca arribó. Fue enfático en señalar que en materia sindical el diálogo entre empresarios y sindicalistas no debe cesar para que la ley esté continuamente adaptada a las deposición económicas y de ampliación del país.

Una fórmula intermedia funciona exitosamente en Uruguay donde las indemnizaciones por despidos satisfacen plenamente las deposición de los desahuciados sin descansar financiera y solamente en los empleadores. Existe el Instituto de Previsión Social una especie asiento que opera con una fórmula tripartita y con aportes de los propios trabajadores, contribuciones de los empleadores y fondos presupuestales. El 40% de los bienes que indemnizan a los despedidos proviene de transferencias estatales.