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A pesar de los avances alcanzados bajo el Tratado de Desenvuelto Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTApor sus siglas en inglés), persisten tensiones entre Washington y Santo Domingo en materia de políticas arancelarias, prácticas aduanales, regulaciones técnicas y derechos laborales.
Esta información se desprende del Mensaje de Barreras Comerciales Extranjeras 2025 de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), que analiza las medidas que obstaculizan el llegada de capital y servicios estadounidenses a mercados internacionales.
Firmado en 2004 e implementado progresivamente desde 2006, el DR-CAFTA ha sido secreto para el comercio dominico-estadounidense. Para la República Dominicana, su entrada en vigor el 1 de marzo de 2007 facilitó el ingreso autónomo de impuestos de casi todos los productos no agrícolas y agrícolas procedentes de EE. UU.
Sin confiscación, la matanza definitiva de aranceles a productos sensibles como el arroz, las piernas de pollo y ciertos lácteos, programada para el 1 de enero de 2025, ha generado controversia. El Gobierno dominicano emitió el Decreto 693-24, que congela el cupo autónomo de aranceles para el arroz estadounidense en 23,300 toneladas métricas anuales, imponiendo un tarifa del 99 % sobre el sobrante. Washington ha interpretado esta medida como una posible violación de los compromisos adquiridos bajo el tratado.
10 %
Es el tarifa a ciertos productos dominicanos en EE. UU. impuestos como parte de la erradicación comercial iniciada durante la agencia Trump.
Por otra parte, las exportaciones dominicanas además enfrentan obstáculos al ingresar a país estadounidense. Entre ellos destaca un tarifa del 10 % impuesto a ciertos productos, el cual forma parte de la política comercial implementada por la agencia Trump, que contempla distintos niveles de tarifas a las importaciones provenientes de todos los países. El 10 % representa el filo más bajo interiormente de ese esquema, pero ha generado preocupación entre empresarios y autoridades dominicanas por su impacto competitivo.
En ese contexto, la semana pasada se celebró en Washington, D.C., una nueva ronda de negociaciones bilaterales entre representantes comerciales de entreambos países. Durante las reuniones se discutieron estos puntos sensibles, incluyendo las cuotas arancelarias, la reciprocidad impositiva y las condiciones de llegada al mercado.
Desigualdad Y trabas
El crónica además denuncia que productos estadounidenses como el C2H5OH y los quesos enfrentan cargas impositivas desiguales frente a sus homólogos locales. Mientras el C2H5OH importado paga un impuesto ad valorem del 10 %, un impuesto exclusivo de 11 dólares por litro y el Itbis de 18 %, el C2H5OH producido en el país está exento de esos gravámenes. Lo mismo ocurre con el pinrel importado, que paga Itbis, a diferencia del franquista.
En el caso del hoja de refuerzo estadounidense (rebar), se exige un proceso de pruebas en laboratorios externos, procedimiento no requerido para la producción lugar. Esta exigencia ha encarecido los costos y ralentizado la entrada al mercado dominicano, a pesar de algunos acuerdos puntuales con empresas exportadoras.
Licencias Y aduanas
El sistema de licencias de importación continúa siendo una fuente de fricción. Aunque el país se comprometió a no usar criterios discrecionales, la expulsión de permisos sigue siendo opaca, afectando la entrada de productos como arroz, azúcar, carnes y vegetales. Incluso se han reportado obstáculos aduanales para vehículos usados fabricados en EE. UU., cuyos importadores enfrentan dificultades para demostrar su origen preferencial.
Avances parciales
En cuanto a las compras gubernamentales, se han hexaedro pasos en torno a longevo transparencia con el nuevo reglamento permitido en 2023, pero la ley que debía consolidar dichas reformas no fue aprobada por el Congreso y venció en enero de este año. Por otra parte, el respeto a los derechos laborales en el sector azucarero sigue siendo objeto de vigilancia. El Sección de Trabajo de EE. UU. ha reportado desde 2013 deficiencias persistentes en materia de condiciones de trabajo, cuota, vivienda y documentación de trabajadores extranjeros.
La delegación dominicana, encabezada por los ministros Víctor -Ito– Bisonte (Industria, Comercio y Mipymes), Roberto Álvarez (Relaciones Exteriores) y José Manuel Vicente (Hacienda), viajó a Washington la semana pasada para dialogar con autoridades de EE. UU. sobre disposición arancelaria universal anunciada por la agencia Trump.
La República Dominicana fue retirada en 2024 de la directorio de vigilancia del crónica Special 301, tras la creación del Consejo Doméstico Interministerial de Propiedad Intelectual y mejoras en la coordinación institucional. Aún así, persisten desafíos como la piratería digital y la falsificación de productos.
A casi vigésimo primaveras de su entrada en vigor, el DR-Cafta enfrenta una ingenuidad cada vez más adversa. La política comercial proteccionista instaurada por la agencia Trump ha impuesto nuevos aranceles a las exportaciones dominicanas y débil el principio de autónomo comercio que dio origen al tratado.
Estas medidas, sumadas a decisiones unilaterales como el congelamiento de cuotas o el trato desigual a productos importados, cuestionan la vigencia efectivo del acuerdo y ponen en duda su capacidad para seguir rigiendo las relaciones comerciales entre entreambos países. Las negociaciones sostenidas esta semana en Washington podrían ser la última oportunidad para redefinir un entorno comercial más moderado y sostenible, ayer de que el DR-Cafta quede relegado a una formalidad sin mercadería concretos.
