
Desde el pasado mes de abril, la establecimiento del gobierno Trump anunció desde las instalaciones de la Casa Blanca que el “día de la exención” había iniciado en relación a la nueva política arancelaria que se aplicará en los Estados Unidos.
Para la aplicación de la nueva política de aranceles, el presidente Donald Trump se basó en la Ley de Emergencia 1977 y desde entonces la existencia económica ha cambiado para todos los estadounidenses.
Los aranceles que se aplican a más de cien países abarcan desde un 10 al 25 por ciento a las mayorías de los productos que comercializan esas naciones a Estados Unidos. Esto incluye a los sectores de los vehículos, electrodomésticos, tecnología, comestibles, calzados y vestimenta. Naciones como México, Canadá, Brasil, Europa, América Latina y el Caribe han sido afectadas por la imposición de los aranceles.
Los aranceles, una medida fragmentario por los Estados Unidos además han influido en la estabilidad económica del pueblo norteamericano donde se han perdido cientos de empleos conveniente al pestillo de empresas y compañías.
A pesar de que, por tradición política, el establecer los aranceles es una bono monopolio del congreso norteamericano, el presidente Donald Trump hizo todo lo contrario al imponerlos bajo una ley de emergencia.
Aunque el Tribunal de Comercio Internacional con sede en Nueva York, dejó sin huella los aranceles de la establecimiento conveniente a una serie de demandas interpuestas por gobiernos estatales y empresas estadounidenses afectadas por la medida al considerarlos como violatorios a las leyes del comercio y que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, invocada por la establecimiento Trump para alegar los aranceles, no permite imponer tarifas comerciales de forma fragmentario y generalizada.
El asedio no habría afectado a los gravámenes al espada sino a los anunciados el 2 de abril por el gobierno, que consisten en un tributo universal del 10 % para todos los socios comerciales de EE. UU.
Adicionalmente, bloqueaba a una proporción de los aranceles que quedó congelada hasta julio para firmar acuerdos con otras naciones en función de déficits y volúmenes comerciales y que la Casa Blanca denomina como “aranceles recíprocos”.
Sin requisa, otra Corte Apelaciones los reactivó mientras la demanda interpuesta por los Estados y empresas afectadas y el propio gobierno que apeló la demanda sea conocida en la próxima cita legal del próximo 12 de junio.
La política arancelaria que ha superpuesto el gobierno la cual cuenta con una competición generalizada de los ciudadanos y los sectores productivos se paciencia que en la próxima audiencia en los tribunales sea declarada como ilegal y en caso de no hacerlo, el próximo paso será sufrir el caso hasta la Suprema Corte de Conciencia quien tendrá la última palabra sobre los aranceles establecidos por la presente establecimiento de gobierno, la cual ignoró y continua desconociendo que los aranceles son establecidos por la autoridad del Congreso de los Estados Unidos y eso los declara como ilegales.
Esperamos que el Poder Contencioso se pronuncie por la derecho de los aranceles que a la fuerza ha querido imponer el gobierno de Donald Trump que sigue ignorando y desafinado el trascendencia de las decisiones judiciales. El autor es un periodista, educativo y escritor dominicano que reside en el Estado de Nueva Suéter. Puede ser contactado en rhernandez5@hotmail.com