El Magistratura de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ávila investiga a un funcionario de la prisión de Brieva (Ávila) por tener facilitado a Ana Julia Quezadacondenada a prisión permanente revisable por el crimen del nene Gabriel Cruz en febrero de 2018, un teléfono móvil a cambio de sexo.

El funcionario está investigado por un delito de cohecho mientras que el Magistratura sigue practicando diligencias para determinar si existen más implicados en los hechos denunciados, según ha informado el TSJCyL.

De hecho, el subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, ha explicado que son dos los trabajadores del centro penitenciario que investigan la Miembro Civil al tener proporcionado supuestamente un «trato de gracia» a Ana Julia Quezada, «a cambio de percibir favores sexuales» por parte de la condenada.

Galeano ha informado en un audio remitido a los medios de comunicación posteriormente de la información que ha aventajado el diario El País de que los investigados por la Miembro Civil son un funcionario de esta prisión de mujeres y un empleado como personal sindical. Nadie trabaja ya en la calabozo.

Fuentes cercanas a la investigación han explicado a EFE que el trabajador sindical, que ejercía como cocinero, se ha retirado, mientras que el funcionario, que había solicitado la renta anticipada sin que le haya sido concedida al estar inmerso en este proceso, se encuentra de pérdida.

Las mismas fuentes han señalado que Ana Julia Quezada habría prestado manifiesto en presencia de el mediador la semana pasada.

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Su manifiesto se produjo a raíz de la investigación iniciada hace casi un año, a raíz de que la superiora de Gabriel, Patricia Ramírez, denunciara públicamente que la asesina de su hijo disponía de un teléfono que utilizaba para realizar entrevistas con el objetivo de realizar un documental en torno al crimen su hijo hace siete primaveras en el municipio almeriense de Níjar.

A raíz de esa investigación tras la denuncia de la superiora, dos trabajadores del centro penitenciario de Brieva han sido investigados por la Miembro Civil de Ávila por «la presunta comisión de un delito de cohecho», según Galeano.

Una vez finalizada la período de investigación y la toma de declaraciones a los implicados y los testigos -internas, funcionarios y personal laboral-, el instituto armado entregó las diligencias al supremo, que «ahora es quien debe marcar las actuaciones a realizar», recuerda el subdelegado.

Por el momento, el supremo solo investiga a uno de estos dos hombres.

La superiora de Gabriel Cruz, Patricia Ramírez, ha convocado una rueda de prensa para mañana miércoles en la que denunciará lo que considera situación de «desamparo y desprotección institucional y sumarial».

En la comparecencia, Ramírez tiene previsto enfrentarse asimismo lo que cree una «transgresión de derechos» en el entorno del Estatuto de la Víctima, norma europea y fuero familiar, así como posibles irregularidades en el centro penitenciario donde cumple condena Ana Julia Quezada, autora del crimen de su hijo, y que podrían tener afectado a la integridad ético de la grupo.