Apple obtuvo hoy una conquista en una demanda antimonopolio de larga duración cuando el árbitro que supervisa el caso la descertificó. La demanda antimonopolio se presentó originalmente en 2011, acusando a Apple de monopolizar el ecosistema de aplicaciones de iPhone al negarse a permitir a los clientes descargar aplicaciones fuera de la App Store.

La jueza Yvonne González Rogers ha estado manejando el caso desde 2012, pero pasó por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito y hasta la Corte Suprema antaño de ser remitido nuevamente a un tribunal inferior. El caso se ha prolongado porque los demandantes han luchado por respaldar sus reclamos, demostrar daños a toda la clase y proporcionar un método para calcular el número de partes perjudicadas, y es por eso que ahora se ha descertificado. La descertificación significa que el caso ya no puede proceder como una demanda colectiva que representa a todos los usuarios de iPhone que compraron aplicaciones a través de la App Store. En cambio, cualquiera que quiera demandar a Apple por el tema deberá presentar una demanda individual.
En una confesión a MacRumorsApple dijo que estaba satisfecha con la valentía del tribunal.
Nos complace que el Tribunal reconoció que los demandantes no demostraron el supuesto daño a los consumidores y descertificaron al género. Seguimos invirtiendo significativamente para hacer de la App Store un circunscripción seguro y confiable para que los usuarios descubran aplicaciones y una gran oportunidad de negocio para los desarrolladores.
Los demandantes intentaron varias veces obtener la certificación de la demanda colectiva y fracasaron hasta 2023, cuando el tribunal aceptó el prueba de expertos que prometía una forma de determinar las lesiones y daños a nivel colectivo. En ese momento, Rogers concedió a la demanda el status de demanda colectiva, pero advirtió a los demandantes que tendrían que seguir delante con un maniquí práctico para determinar quién resultó perjudicado por las acciones de Apple y contado como miembro del género.
Los demandantes necesitaban cotejar los registros de pagadores de Apple con los de los consumidores para calcular el número de personas perjudicadas, pero el entendido contratado para hacerlo cometió múltiples errores graves y los datos no pudieron utilizarse. Apple solicitó que se desestimaran los datos llenos de errores y la descertificación, y Rogers concedió ambas cosas.
Rogers dijo que el entendido utilizado por los demandantes “no estaba calificado”, que sus métodos “no eran confiables” y que “no aplicó sus métodos de modo confiable”, por lo que su prueba no se consideró relevante. Los demandantes no proporcionaron una metodología para relacionar las cuentas de ID de Apple con los consumidores y no pueden probar los daños a nivel colectivo.
Los demandantes planean apelar la descertificación.





