SANTO DOMINGO.- La jueza del Sexto Auditoría de la Instrucción del Distrito Franquista, Yanibet Rivas, fue apoderada para conocer la audiencia preliminar contra los imputados en el denominado Caso Camaleón, entre los que figuran el exdirector del Instituto Franquista de Tránsito y Transporte Terráqueo (Intrant), Hugo Beras, y José Serafín Gómez (conocido como Jochi Gómez), así como sus coimputados.

El tribunal fue agente por la jueza coordinadora de los juzgados de la Instrucción de esa mando, luego que el Empleo Conocido depositara formal denuncia contra los implicados, sumando tres nuevos imputados al entramado de corrupción.

La magistrada Rivas deberá fijar la término para el inicio de la audiencia preliminar, donde tendrá la importante responsabilidad de valorar los medios de prueba presentados por el Empleo Conocido. La denuncia solicita el emisión a prudencia de los 17 imputados, que incluyen a nueve personas físicas.

Inculpación del Empleo Conocido y Entramado de Corrupción
El Empleo Conocido acusa al reunión de asociación de malhechores para cometer corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas, estafa contra el Estado, boicot a infraestructuras críticas, contrabando, falsificación, delitos de incorporación tecnología, actos de terrorismo en infraestructura crítica y lavado de activos.

Estas graves irregularidades se desarrollaron principalmente a través del Intrant y el Empleo de Defensa. Mediante contratos y convenios irregulares con las empresas Dekolor S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L. y Transcore Latam S.R.L., se les otorgó entrada privilegiado. Estas empresas fueron presuntamente utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando principios esenciales de transparencia, seguridad tecnológica y justicia administrativa.

El esquema criminal, alegadamente dirigido por el imputado José Serafín Gómez Canaán, mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las mencionadas empresas (Dekolor, PagoRD Xchange, Transcore Latam y Aurix). Bajo su supuesta dirección, estas entidades habrían conformado un entramado dedicado a la estafa contra el Estado, al lavado de activos y al boicot tecnológico, logrando un control sobre infraestructuras y fortuna estratégicos del Estado.

Se recuerda que en octubre de 2024, la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Contencioso de Servicios de Atención Permanente, declaró el caso difícil e impuso medidas de coerción a los imputados: Hugo Beras, José Serafín Gómez (Jochi Gómez), Pedro Vinicio Padovani Báez, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Frank Díaz Warden, Juan Francisco Álvarez Carbuccia y Carlos José Peguero Vargas.Este artículo fue publicado originalmente en El Día