El Instituto Franquista de Bienestar Magisterial (Inabima) informó que durante el mes de enero de 2026 será aplicada la indexación salarial a un total de 4,642 maestros jubilados y pensionados.

A través de un manifiesto publicado en las redes sociales de la entidad, Inabima explicó que los beneficiarios de este ajuste corresponden a los decretos 133-19210-22 y 341-22, así como a 180 pensionados por aseguradoras de los primaveras 2019, 2021 y 2022.

• La institución indicó que el porcentaje de incremento asciende a 11.63 % del salario, calculado conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Faja Central de la República Dominicana.

Impacto en la retribución

Inabima resaltó que este reajuste representa un aumento mensual en la retribución de RD$33.308.439así como un impacto anual de RD$433,009,711.

Con la aplicación de esta medida, el organismo asegura que cumple con lo establecido en la Ley 451-08la cual dispone en su artículo 10párrafo II, la revisión de los sueldos de los docentes jubilados y pensionados al menos cada tres primaveras, a fin de realizar los ajustes correspondientes conforme a la variación del índice de precios del país.

El presidente de la Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte (CMJPD), Menegildo de la Rosacatalogó la valentía como un paso positivo en el cumplimiento de la Ley 451-08, que modifica la Ley Caudillo de Educación en materia de pensiones docentes, y un registro al derecho de los docentes retirados a preservar su poder adquisitivo frente al impacto de la inflación.

Según el dirigente, esta indexación argumenta a una demanda histórica del sector, cumplidamente reclamada por sindicatos y organizaciones sociales vinculadas al educación dominicano.

Sin incautación, el además secretario de comunicaciones de la Asociación Dominicana de Profesores, advirtió que miles de jubilados y pensionados quedan excluidos de este ajuste.

Asimismo, De la Rosa hizo un llamado al Gobierno a profundizar esta medida, ampliarla a toda la retribución de docentes retirados y avanzar alrededor de una política salarial coherente, que proteja el derecho a una vida digna de quienes dedicaron su carrera a la educación pública.

Adicionalmente, exigió al presidente Luis Abinader hacerse cargo de modo integral esta valentía y disponer el cumplimiento pleno de la ley, incluyendo el plazo de la deuda acumulada desde 2017, que afecta no solo a jubilados y pensionados, sino además a empleados públicos y maestros activos del sistema educativo.