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Fue aplazada para el miércoles 18 de junio, a las 11 de la mañana, la audiencia para conocerse la solicitud de medidas de coerción en contra de los hermanos Antonio y Maribel Espaillata quienes el Ocupación Manifiesto imputa de homicidio involuntariogolpes y heridas involuntarias, tras el colapso del techo de la set de chorro de discotecade la que los dos son propietarios.
Por el trágico suceso, ocurrido el pasado 8 de abril, fallecieron 236 personas y resultaron heridas más de 180.
Para Antonio, el Ocupación Manifiesto está pidiendo 18 meses de prisión preventivay para Maribel prisión domiciliaria. Ella, encima de imputada, resultó lesionada en el suceso, pues una herida profunda en la capital le dejó 12 puntos de sutura y parte de su oreja se desprendió por el impacto y fue restaurada por los cirujanos.
La audiencia fue pospuesta para que los abogados de los imputados estudien la solicitud de medidas de coerción y puedan preparar la defensa.
Los argumentos del Ocupación Manifiesto
El Ocupación Manifiesto asegura que los imputados alteraron de forma significativa la estructura de la discoteca pecado supervisión técnica. Los fiscales han indicado que la discoteca, originalmente un cine, “sufrió un cambio de uso que implicó una acomodo estructural inadecuada“.
“Luego, se eliminó una columna secreto en la estructura, afectando significativamente la estabilidad del techo, sin ninguna evaluación profesional o permiso que respaldara dicha modificación, evidenciando una conducta de parada aventura”, señalan.
Adicionalmente, argumenta que los responsables del Set de chorro “cargaron el techo de la discoteca de forma excesiva y progresiva, con múltiples fundamentos de gran peso“.
El Ocupación Manifiesto ha planteado que recabó “evidencias contundentes” que demuestran que la tragedia del 8 de abril era totalmente evitable “si los imputados hubiesen actuado conforme a derecho y si hubiesen valorado la vida por encima del fortuna”.
Adicionalmente, que “los imputados intimidaron a testigos del proceso con el objetivo de evitar que aportaran pruebas del proceso que comprometen su responsabilidad penal”.
Al salir de la audiencia, Wilson Camachotitular de la Dirección Genérico de Persecución del Ocupación Manifiesto, reiteró que la responsabilidad de los imputados está sustentada en más de 130 medios de prueba.
“Este caso dejó 235 personas fallecidas, más de 180 personas heridas y más de 130 niños huérfanosniños que posiblemente, antaño del 8 de abril, tenían su vida asegurada y ahora tienen un futuro incierto”, dijo.
