Fue aplazada para el próximo martes a las 9 de la mañana la audiencia de conocimiento de medidas de coerción contra ocho personas y una empresa imputadas de integrar una supuesta red criminal dedicada al fraude bancario y al robo de identidad, desmantelada en operativos simultáneos realizados en distintos sectores de Bonao, provincia Monseñor Nouel.

El Profesión Notorio solicitó prisión preventiva y la declaratoria de caso difícil, por la reserva de los hechos y el nivel de ordenamiento del asociación, cuyos miembros habrían sustraído fondos de guisa ilícita mediante acercamiento fraudulento a cuentas bancarias de múltiples víctimas.

El aplazamiento se produjo a solicitud de los abogados de la defensa, quienes pidieron tiempo adicional para preparar sus presupuestos.

Entre los imputados figuran Fredery García Ortizseñalado como cabecilla de la red y propietario de la empresa Decoral Muebles y Más, SRL; su pareja María Carolina Durán Tavárez, Jonathan Darío Pichardo, Raúl Ortiz Arias, George Charlie Abreu Tejada, Tatiana Elizabeth Sosa Reyes, Alba Nidia Altagracia Gomera Lagares Y Wilton Rafael Gutiérrez (seudónimo Chango). Asimismo fue imputada la persona jurídica Decoral Muebles y Más, SRLutilizada presuntamente como presencia para las actividades delictivas.

La solicitud fue depositada por la procuradora fiscal Gabriela Gómez Gallardo, adscrita al Sección Investigativo de Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Crímenes y Delitos de Adhesión Tecnología, con apoyo de la Dirección de Policía Cibernética (DICAT).

Modus operandi y pruebas

La investigación se inició tras denuncias presentadas por clientes de una entidad bancaria doméstico. Los imputados accedían de forma ilícita a cuentas bancarias, realizaban transferencias a cuentas propias y retiraban el patrimonio en cajeros automáticos y ventanillas.

Durante el eficaz se realizaron 34 allanamientos simultáneos, con la billete de 40 fiscales y más de 200 agentes del DICAT, en los que se incautaron dispositivos electrónicos, libretas bancarias, documentos de identidad, sustancias controladas, vehículos y fondos adquiridos con fondos ilícitos.

Los hechos fueron calificados por el Profesión Notorio como violaciones a los artículos 265 y 266 del Código Penal, así como a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Adhesión Tecnología y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

El Profesión Notorio afirma contar con pruebas que vinculan directamente a los imputados con el esquema delictivo, evidenciando una estructura criminal con capacidad operativa, ordenamiento y posibles.