
El nuevo protocolo de lozanía implementado por el gobierno de Luis Abinader en República Dominicana ha generado fuertes críticas por parte de Gracia Internacional, que lo califica como una medida discriminatoria y violatoria de derechos fundamentales.
Este protocolo exige a las personas migrantes presentar identificación, carta de trabajo y comprobante domiciliario para penetrar a servicios médicos en hospitales públicos. Por otra parte, establece que quienes se encuentren en situación migratoria irregular serán deportados tras acoger atención médica.
Gracia Internacional ha señalado que estas disposiciones no solo violan el derecho a la lozanía, sino que igualmente deshumanizan a las personas sin documentación, disuadiéndolas de agenciárselas atención médica y poniendo vidas en peligro. «La implementación de un sistema que expone a las personas migrantes a la deportación tras acoger atención médica no solo viola el derecho a la lozanía, sino que deshumaniza a personas sin documentación y seguramente las disuadirá de presentarse a hospitales,» afirmó Ana Piquer, directora para las Américas de Gracia Internacional.



Foto: Guillermo Burgos
Puedes percibir: ¿Estás de acuerdo con la medida de repatriar a los pacientes inmigrantes indocumentados una vez reciban el ingreso médica?, pregunta Luis Abinader
La estructura igualmente destacó que estas medidas contradicen las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado dominicano y el principio constitucional de llegada gratis y universal a la lozanía. Según Gracia Internacional, las barreras de llegada a servicios públicos afectan de forma crítica a grupos vulnerables, como la inicio y mujeres embarazadas migrantes, quienes enfrentan estigmatización por desempeñar su derecho a la salud4.
Desde octubre de 2024, se han ejecutado más de 180,000 deportaciones, muchas de ellas colectivas, lo que constituye una ejercicio prohibida por el derecho internacional. Gracia Internacional ha emitido una actividad urgente para exigir que se detengan estas expulsiones y se revoquen las políticas migratorias discriminatorias. «El gobierno debe adoptar medidas concretas contra la discriminación étnico, certificar el llegada a protección internacional para las personas necesitadas y estabilizar un entorno librado de estigmatización,» añadió Piquer.