Nadie en su sano seso podría difundir afirmando que el narcotráfico ha penetrado la política dominicana, pero lo que sí constituye una evidente verdad es que en la hogaño ese flagelo se ha convertido en una seria amenaza para la esencia de nuestra democracia.

Los apresamientos y extradiciones a los Estados Unidos en los últimos cinco abriles de políticos y vinculados, acusados de estar involucrados en el tráfico de estupefacientes, algunos de los cuales, incluso, hasta han sido favorecidos con el voto para aventajar puestos de disyuntiva popular en el Congreso Franquista y
ayuntamientos no pueden acaecer desapercibidos, sino ser la voz de alerta a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, a fin de depurar los aspirantes a candidaturas nacionales y locales.

El oficialista Partido Revolucionario Flamante (PRM) debería ser la ordenamiento política más interesada en la realización de una profilaxis previa, a partir de que los hechos han develado que en las elecciones municipales, congresuales y presidenciales de los abriles 2020 y 2024 dejó puertas abiertas a través de las cuales ingresó monises procedente del crimen organizado, sobre todo del narcotráfico.

Representa una chisme la afirmación de que resulta difícil evitar que vinculados con actividades del tráfico de drogas se involucren en la actividad política para alcanzar posiciones electivas que les aporten
inmunidad.

Esto así, porque los partidos pueden admitir informaciones de incorporación sensibilidad de parte órganos de investigación como la Oficina de Control de Drogas (DEA), agencia del Unidad de Rectitud de los Estados Unidos dedicada a la lucha contra el contrabando y el consumo y el lavado de activos; así como de la Ordenamiento Internacional de Policía Criminal (Interpol), con sede en Francia. Encima, aunque con beocio nivel de confiabilidad, de la lugar Dirección Franquista de Control de Drogas (DNCD).

La Constitución de la República establece un rol esencial a partidos, agrupaciones y movimientos políticos, especificando que su ordenamiento es soberano, con sujeción a elevados principios morales.
Su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y a la transparencia, de conformidad con la ley.

Esas estructuras están en presencia de la obligación constitucional de avalar la décimo de ciudadanos en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia, contribuir, en igualdad de condiciones, a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, respetando el pluralismo político mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de disyuntiva popular; por otra parte de servir al interés doméstico, el bienestar colectivo y el crecimiento integral de la sociedad dominicana.

La Ley 20-23, de su flanco, les encarga el rol, anejo a la Grupo Central Electoral, de organizar, fiscalizar y supervisar el proceso interno para la escogencia de candidatos a cargos de disyuntiva popular, ya sea para la disyuntiva de las autoridades electivas dispuestas por la Constitución, así como los mecanismos de décimo popular establecidos en ella, bajo las condiciones que se establezcan.

Mientras que, entre los deberes de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, figuran el desarrollar sus actividades con apego a la Constitución, las leyes vigentes, los estatutos y sus reglamentos internos, aprobados según los términos de esta ley; y velar por el cumplimiento y respeto de los derechos
políticos de los ciudadanos.

Frente a tan elevada responsabilidad, los partidos, agrupaciones y movimientos políticos dominicanos deben avalar a la sociedad que los narcotraficantes estén fuera de la cotidianidad política, antiguamente de
que sea demasiado tarde.

El encarecimiento de la actividad política no tiene por qué ser una excusa en el camino de alcanzar ese ilustre propósito.