El autor es periodista. Reside en Santo Domingo.

¿Alrededor de dónde vamos como sociedad? Esta es una pregunta que muchos dominicanos nos hacemos frente a la cantidad de hechos que ocurren con una frecuencia amenazador y que afectan directamente a nuestras familias.

Se proxenetismo de situaciones que las autoridades suelen envolver en el interior de la señal “violencia social”, aunque en sinceridad muchas de estas no son atribuibles a la delincuencia organizada, sino que se registran en los espacios más cercanos a la familia: el hogar, el alfoz, la comunidad o incluso el entorno gremial.

Quienes, por nuestro trabajo, recibimos diariamente los informes de prensa del Empleo Notorio, vemos cómo los tribunales condenan casi a diario a hombres —jóvenes, adultos y hasta ancianos— por abusos sexuales contra niñas.

Algunos de estos casos son especialmente alarmantes porque los responsables han convivido durante primaveras con sus víctimas, incluso siendo sus propios padres. Las penas impuestas por los tribunales en estos casos oscilan entre cinco y vigésimo primaveras de prisión.

Sin bloqueo, la reiteración de estos hechos en distintas partes del país indica que la severidad de las sanciones no ha sido suficiente para frenar este tipo de conductas. Es más, hay quienes se preguntan si estas penas, por sí solas, positivamente disuaden o simplemente se convierten en una respuesta posterior que no resuelve el problema de raíz.

Un caso flamante en Santo Domingo Este involucró a un hombre condenado a diez primaveras de calabozo por violar a dos niños. Este hecho en particular, por su agravación, refleja el drama psicológico que viven las víctimas y el dolor que impacta directamente a sus familias.

No se proxenetismo de hechos aislados; cada vez es más global encontrar este tipo de casos en los registros judiciales. Sin bloqueo, las autoridades y los medios parecen centrar más su atención en los feminicidios, que si acertadamente asimismo representan un drama social profundo, no deben hacer que se descuiden otras formas de violencia igual de devastadoras.

Los feminicidios dejan a su paso familias rotas, hijos huérfanos, muchas veces sin el apoyo necesario por parte del Estado, lo que genera una dependencia de consecuencias aún más complejas.

En paralelo, en los últimos días se han reportado desapariciones de menores, lo que ha generado gran preocupación en la población.

Las redes sociales han sido el canal para difundir muchas de estas denuncias, algunas confirmadas y otras no. Dos casos han captado decano atención: la desaparición del irreflexivo Roldany Calderón en Manabao, Jarabacoa, y la de la pupila Brianna Genao.

Uno y otro tienen escasamente tres primaveras. La angustia aumenta a medida que pasan los días sin informativo concretas de su paradero, lo que causa desesperación en sus familias y un temor generalizado entre los padres, que ahora refuerzan la vigilancia sobre sus hijos para no encontrarse enfrentados a una experiencia tan dolorosa.

Frente a este panorama, estudios sociales advierten que estos comportamientos tienen raíces estructurales. Se repiten con decano frecuencia en entornos donde hay poca educación en títulos, deficiencias en salubridad mental, desintegración frecuente, violencia normalizada y errata de llegada a servicios básicos.

Según especialistas, la violencia no se combate solo con castigos. Se necesita un enfoque integral que incluya educación desde las etapas más tempranas, fortalecimiento de la salubridad mental, cortejo comunitario, campañas de concienciación y coordinación efectiva entre instituciones del Estado.

Es momento de dejar de mirar estos hechos como casos aislados. Son síntomas de una crisis social que requiere respuestas más allá de la preocupación y la solidaridad. La sinceridad que vivimos es preocupante y debe movernos a la influencia como sociedad.

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