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Los partidos de concurso exigieron explicaciones a la Alcaldía del Distrito Franquista (ADN) respecto a su fracaso en los tribunales frente a la empresa Impacto Urbanoque logró una sentencia para la restitución de 619 vallas retiradas y el suscripción de un astreinte en perjuicio del presupuesto municipal.
Durante la sesión de ayer del Consejo de Regidores, la secretaria universal de este comunidad, Elizabeth Mateo, aseguró que los abogados de la institución preparan su táctica para atacar los pertenencias del decreto del Tribunal Superior Burócrata (TSA) y reiteró que esta compañía no pagaba impuestos.
“Nosotros vamos a revisar con la Dirección Jurídica el decreto que se ha emitido y vamos a proceder en consecuencia, que es lo que nos toca…. La Dirección Jurídica me informó ayer que tiene unas estrategias jurídicas al respecto”, informó.
Recordó que este caso comenzó en el 2007 y ha pasado por varias gestiones (Roberto Salcedo, David Collado y Carolina Mejía), a las que culpó incluso. Esto provocó los señalamientos mutuos de regidores de partidos de concurso y del Gobierno.
“No vamos a permitir que a los munícipes se les afecte el patrimonio del ADN con un caso que involucra una serie de responsabilidades que no fueron asumidas por ellos en su momento”, prometió.
Mateo trató de calmar la inquietud de los concejales frente a lo que considera una táctica de intimación y la presión mediática de Impacto Urbano. “Ahora perfectamente, nosotros como Junta no podemos dejarnos asediar por una táctica mediática ni por una táctica jurídica”, advirtió.
ADN no apeló
El tiempo para recurir la orden legislativo se agotó para la Alcaldía, según se comprobó.
El representante del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Julio Martínez, presentó una certificación en la que la Suprema Corte de Jurisprudencia (SCJ) confirma no deber recibido procedimiento de casación contra la sentencia del TSA que favoreció a Impacto Urbano al 28 de marzo del 2025.
Nerys Martínez, regidora de la Fuerza del Pueblo (FP), aseguró que la Alcaldía ha hecho un manejo deficiente del caso y criticó que no se referencia al Consejo sobre la cambio de ese y otros procesos del comunidad en los tribunales.
“La sentencia que nos están notificando no fue recurrida en casación. La pregunta es, por qué el ADN no recurrió esta sentencia y por qué no fue notificada a los regidores”, preguntó.
Por esas razones, solicitó al Pleno crear una comisión de emergencia para invadir el tema y presentarle a la sala el status de todos los casos judiciales en que participa el ADN, petición que fue acogida
Martínez denunció que Impacto Urbano comenzó a actuar en el 1999 sin contar con un acuerdo y que siempre se rehusó a satisfacer arbitrios por sus operaciones.
“Ellos querían seguir disfrutando de la ciudad sin satisfacer impuestossin abuso y sin satisfacer un solo centavo”, acusó.
