La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) expresó su respaldo a las empresas que solicitaron a la Comisión de Defensa Comercial (CDC) el inicio de un proceso de investigación que decida sobre la aplicación de una medida de pasaporte a las galletas importadas de países con los que el país no tiene acuerdos de osado comercio, al tiempo que defendió la importancia de permitir que el proceso siga su curso conforme a la legislatura vivo.

En una manifiesto pública, el principal colegio profesional industrial del país afirmó que su posición se fundamenta en el respeto ajustado a las reglas de pernio y a los mecanismos institucionales establecidos para proteger la producción doméstico.

“Las empresas que han sometido la solicitud de investigación han actuado conforme al entorno admitido correspondiente y en uso razonable de los instrumentos de defensa comercial contemplados por la Ley 1-02 sobre Prácticas Desleales en el Comercio y Medidas de Salvaguardias, así como por los acuerdos correspondientes de la Estructura Mundial del Comercio (OMC) de los que somos parte” precisó el vicepresidente ejecutor de la AIRD, Mario Pujols.

El ejecutor del colegio profesional de los industriales subrayó la relevancia del trabajo que realiza la CDC, a la que definió como “una institución esencial para certificar la protección de la industria tópico frente a prácticas desleales o incremento de importaciones que puedan causarle daño”. Adicionalmente, precisó que “es la misma Ley 1-02 la que declara de interés doméstico la protección a la producción doméstico frente a los incrementos en las importaciones de galletas que se han gastado en el mercado tópico”.

Recordó que lo que se ha publicado hasta ahora es sólo el inicio de la investigación y que la ley establece etapas precisas que deben cumplirse antiguamente de cualquier atrevimiento oficial por parte de la CDC.

“La CDC ha informado que la resolución preliminar se publicará a más tardar a finales de febrero de 2026. Por lo pronto, toca esperar que este proceso oficinista continúe con normalidad, recordando que cada atrevimiento de la CDC es recurrible, por lo que cualquiera de las partes involucradas que entienda que sus derechos han sido afectados tiene la universidad de ventilar el tema frente a los tribunales competentes”, precisó Pujols.

La AIRD reiteró su confianza en la institucionalidad del país y en la capacidad técnica de la CDC para conducir una investigación rigurosa, transparente y apegada a los criterios establecidos por la Ley 1-02 y los acuerdos aplicables de la OMC.