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@Abrilpenaabreu
El Aeropuerto Internacional de Las Américas Dr. José Francisco Peña Gomez (AILA JFPG) es la principal puerta de entrada al país, la vitrina que millones de viajeros —dominicanos y extranjeros— pisan ayer de conocer nuestra tierra. Sin requisa, en área de reverberar orden, eficiencia y modernidad, lo que muestra es un historial preocupante de fallas, denuncias y deficiencias que, allí de mejorar bajo la agencia privada de Aerodom (VINCI Airports), parecen haberse agudizado en los últimos primaveras.
Solo en el período 2021–2025, la letanía de incidentes palabra por sí sola:
En mayo de 2021, el robo de cables dejó a oscuras la pista y obligó a desviar vuelos.
Ese mismo año, en octubre, un socavón interrumpió las operaciones y generó retrasos.
En febrero de 2021, un transporte penetró a la pista, evidenciando vulnerabilidades graves en seguridad.
En abril de 2024, otra vez un hoyo en la pista 17–35 obligó a desviar más de una decena de vuelos en torno a Puerto Rico, Punta Cana, Santiago y La Romana.
En mayo de 2025, el propio IDAC admitió fallas del sistema de aterrizaje instrumental (ILS), esencial para operaciones seguras en condiciones climáticas adversas.
Y en septiembre de 2025, un corte interno dejó a oscuras la terminal, con vuelos desviados y pasajeros atrapados en medio del caos.
A eso se suman denuncias reiteradas por robos de equipaje, baños sin agua ni papel taza, grifos dañados, goteras y suciedad: problemas tan básicos que retratan la precariedad del servicio.
Es legal preguntarse: ¿para qué sirve una concesión que extiende por 30 primaveras la operación privada si lo que vemos es un destrucción creciente? La novelística oficial nos palabra de inversiones millonarias, de nuevas terminales y promesas de modernización. Pero la efectividad del pasajero es otra: baños sin papel, vuelos desviados, pistas con baches y sistemas críticos que fallan.
El AILA JFPG no es cualquier infraestructura. Es el corazón de nuestra conectividad aérea y la primera impresión que recibe quien llega al país. Que en pleno siglo XXI sigamos desviando vuelos por hoyos en la pista o apagones internos es un fracaso institucional y empresarial.
La concesión privada debía certificar estándares internacionales, pero los hechos muestran que, entre el negocio y la calidad, la peso no siempre se inclina en torno a el agraciado. El Estado dominicano, responsable postrer de la seguridad y del interés divulgado, no puede seguir actuando como simple espectador.
La pregunta es incómoda pero necesaria: ¿quién le pone orden a la puerta de entrada de la República Dominicana?
