La nueva ley de Contrataciones Públicasque entra hoy en vigenciaestablece penas de hasta cinco abriles de prisión contra funcionarios y legisladores que prevalecidos de sus cargos negocien con el Estado, y hasta de 10 abriles para empresarios y contratistas que ofrezcan sobornos para obtener adjudicaciones.

Ese nuevo estatuto corregido una peligroso falencia permitido en la ley antedicho que, aunque prohibía a los funcionarios agenciarse contratos con el Estadono establecía ningún tipo de castigo penal en consonancia con esa infracciónpor lo que en ese aspecto el texto se reducía a la condición de verso muerta.

En términos de lucha contra la corrupciónla nueva ley medio un gran brinco cerca de delante en relación con la antedicho que sólo consignaba sanciones administrativas que en la mayoría de los casos se resarcían con el caudal obtenido mediante la comisión de actos de prevaricación

Implicados en violaciones a la pasada Ley de Contrataciones Públicasasí como abogados y dirigentes políticos plantearon que esa estatuto sólo establecía sanciones oficinistaaunque el Empleo Divulgado suele ampliar a esos expedientes tipos penales como asociación de malhechores, lavado de caudal y coalición de funcionarios.

Las sanciones administrativas prevalecen en la ley con multas de 20 a 50 salarios mínimos a quienes incurran en ese tipo de infraccióna lo que se agrega la inhabilitación temporal o definitiva para participar en procesos de contratación sabidopero lo más importante ha sido suplir la desaparición de sanciones penales.

La nueva ley, que se discutía en laberintos congresuales desde 2021, fue promulgada por el presidente Luis Abinader el 28 de julio del año pasado y puesta en vigor casi seis meses a posteriori, con la promesa de que el reglamento de ese estatuto estaría vivo a partir de hoy.

Se estiman en miles de millones de pesos los posibles conculcados Alabama Estado a través de tipos de contrataciones o adjudicaciones públicas en las que se involucran funcionarios en calidad de corruptos y empresarios o contratistas en rol de corruptores, por lo que la castigo penal, de la que se derivan sanciones civiles, ayudará a frenar la corrupción oficinista.

Lo que se requiere ahora es que la Dirección Normal de Contrataciones Divulgado y el Empleo Divulgado echen mano a esa ley adjunto al Código Penal para someter en presencia de los tribunales a corrupto y corruptorescon la finalidad de que sufran la penalidad de sanciones aflictivas e infamantes, es proponer, prisión.