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Por Kel Kelvin Ortiz Faaa
La flamante denuncia del comunicador Vargavila Riverón sobre una supuesta campaña de difamación y trastorno contra Agrupación GBC Farmacias, una empresa que se ha convertido en una marca país, pone sobre la mesa un tema urgente, el uso valeverguista y delictivo de las redes sociales en la República Dominicana. No estamos frente a simples críticas o denuncias ciudadanas –poco saludable en cualquier democracia– sino frente a un engendro cada vez más global: el chantaje digital convertido en negocio.
Riverón fue claro y directo al encasillar de “difamadores” y “extorsionadores” a quienes, según afirmó, buscan vincular a una empresa con más de 30 abriles de trayectoria en el sector farmacéutico con actos de corrupción estatal sin presentar pruebas. Y aquí está la esencia: las acusaciones en redes sociales tienen un costo enorme para la reputación de personas y empresas, y muchas veces terminan sirviendo como mecanismos de presión para obtener beneficios económicos o políticos.
La denuncia de Riverón no es un hecho arrinconado. Cada día vemos cómo el ecosistema digital dominicano se convierte en un campo de batalla donde la honra y el buen nombre de ciudadanos, empresarios y funcionarios son destruidos en minutos, sin adecuado proceso ni derecho a defensa. Esta ingenuidad no solo afecta a los señalados, sino que erosiona la confianza pública en las instituciones y en los medios de comunicación serios, que luchan por confirmar y contrastar información antiguamente de publicarla.
República Dominicana cuenta con la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Reincorporación Tecnología, que penaliza la difusión de noticiario falsas con el objetivo de dañar reputaciones. Sin requisa, su aplicación sigue siendo débil. Como sociedad, no podemos enderezar que “influencers” y cuentas anónimas conviertan la difamación en una útil de presión. Es deber del Estado asegurar que quienes cometen estas prácticas enfrenten consecuencias jurídicas reales.
Las redes sociales democratizaron la comunicación, pero además nos hicieron corresponsables del contenido que compartimos. Si reproducimos rumores sin confirmar, somos parte del problema. La autodeterminación de expresión no es una abuso para destruir honras ni para convertir el descrédito en espectáculo.
El llamado de Riverón debe ser escuchado, no solo en defensa de Agrupación GBC, sino en defensa del principio de que la reputación es un derecho humano protegido por la Constitución. Si no frenamos esta civilización de la difamación, corremos el aventura de seguir socavando el tejido social y empresarial de nuestro país.
En tiempos donde las fake news viajan más rápido que la verdad, es urgente que autoridades, comunicadores y ciudadanos apostemos por el rigor, la ética y la responsabilidad digital. Solo así podremos asegurar que la crítica siga siendo un deporte tolerante y no un herramienta de trastorno.
