Entre los aspectos que generan preocupación, la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias señaló como principal la tipificación penal desproporcionada que impondría penas de hasta cinco primaveras de prisión a propietarios que no agoten el procedimiento sumarial de desalojo

SANTO DOMINGO. La Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias (AEI) valoró como positiva la intención del Congreso Doméstico de modernizar el régimen justo de alquileres en República Dominicana, al considerar que representa un avance relevante en términos de seguridad jurídica, ordenamiento contractual y regulación integral del sector. No obstante, advirtió que varios puntos críticos del tesina requieren ajustes para evitar artículos adversos en la inversión inmobiliaria, la propiedad privada y el prueba profesional de la intermediación inmobiliaria.

En un documento de posición enviado a las comisiones responsables del estudio constituyente, la AEI destacó rudimentos innovadores del tesina como la bancarización del depósito de señal, la incorporación de pólizas de seguro, y el diseño de un procedimiento de desalojo más sensato. Sin bloqueo, la entidad considera que ciertas disposiciones planteadas en el tesina, tal como están redactadas, podrían comprometer principios fundamentales del situación justo dominicano y el exposición sostenible del sector inmobiliario.

“Desde la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias vemos con buenos luceros el esfuerzo por modernizar la Ley de Alquileres. Es una iniciativa necesaria para dar veterano seguridad jurídica y robustecer la confianza en el mercado. Sin bloqueo, hacemos un llamado a que esta ley se apruebe de forma equilibrada y sin excesos”, sostiene Alberto Bogaert, presidente de la AEI.

Entre los aspectos que generan preocupación, la AEI señala como principal la tipificación penal desproporcionada que impondría penas de hasta cinco primaveras de prisión a propietarios que no agoten el procedimiento sumarial de desalojo, lo que, a prudencia del asociación, constituye una penalización injusta de un conflicto eminentemente civil.

Esta disposición, advierten, podría vulnerar el derecho de propiedad y desincentivar la inversión formal en alquileres.

Asimismo, la AEI cuestionó la imposición cibernética de gastos legales al propietario, una praxis que contradice el artículo 1593 del Código Civil y altera el principio según el cual quien tiene veterano interés en la operación asume dichos costos.

La estructura igualmente advirtió sobre el aventura de crear un precedente normativo que afecte futuras leyes, como la que actualmente cursa para regular los servicios inmobiliarios y de corretaje, al incentivar prácticas que excluyan a los agentes profesionales del proceso de negociación.

Otro de los puntos señalados es la omisión de la obligación de devolver al inquilino los intereses generados por el depósito de señal, lo cual representaría un retroceso frente a disposiciones ya contempladas en la Ley 4314. Adicionalmente, se destacó la escazes de aclarar la diferencia entre depósito y renta anticipada, a fin de preservar el esquema de tres pagos iniciales (2 de depósito + 1 de renta), habitual en contratos actuales.

“Penalizar al propietario por un proceso civil, o alterar prácticas contractuales que funcionan, puede expedir un mensaje pesimista al sector. Necesitamos una ley que dé confianza, que incentive la inversión y que preserve el rol profesional del agente inmobiliario. Estamos comprometidos con aportar para que esta ley sirva al exposición sostenible del sector y del país”, añade Bogaert.

La AEI reitera su apoyo al proceso de modernización justo, pero insiste en que los ajustes propuestos son fundamentales para respaldar una ley desafío, técnica y sencillo. El asociación reafirma su disposición a seguir colaborando con el Congreso Doméstico y los actores públicos y privados involucrados, con el objetivo de conseguir una carta que beneficie por igual a propietarios, inquilinos y profesionales del sector.