La Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) advirtió que existen medios claves que debe contener el plan de ley de alquileres para respaldar una verdadera seguridad jurídica a los inversionistas que construyen viviendas destinadas al inquilinato.

La presidenta de Acoprovi, Annerys Meléndezafirmó que representa un avance significativo que se esté discutiendo esa ley en el Congreso Franquista, pero que debe cumplir con un doble propósito: evitar abusos contra los inquilinos y asimismo proteger a los inversionistas.

“Si no se protege al inversionista, no habrá viviendas qué arrendar”, advirtió. Sin esa protección, expresó que el mercado de inquilinato en el país seguirá siendo escaso, costoso y poco atractivo para nuevas inversiones.

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Dijo que la desidia de viviendas en inquilinato fuerza a muchas personas a quedarse en lugares inadecuados, limitando la capacidad de mejorar sus condiciones de vida y movilidad social.

Meléndez reveló que recientemente recibieron de manos del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, un bosquejo aceptado en primera recitación, de la ley que recoge muchas de las observaciones realizadas por el sector en los últimos abriles.

Pero, sin bloqueo, aún persisten preocupaciones importantes. El punto más crítico es el tiempo que toma recuperar una propiedad, en caso de incumplimiento por parte del inquilino. Aunque el nuevo bosquejo establece marcos temporales claros, siguen siendo extensos. Meléndez explicó que, por ejemplo, a posteriori de una sentencia, se contempla 90 días para ejecutar el desalojo, lo que se considera excesivo. “Seis meses es un tiempo insostenible para un propietario que tiene que avalar un préstamo”, afirmó la presidenta.

La ordenamiento propone que el proceso completo, desde el incumplimiento hasta la deshabitación, no supere los 60 días. En otros países, ese es el unificado para proteger tanto al inquilino como al propietario.
Meléndez ofreció esas declaraciones, al participar en el Audiencia Crematístico, inmediato a Guido Rosario, primer vicepresidente y Carlos R. Hernández, secretario.

Acoprovi asimismo expuso el impacto de la inseguridad jurídica en la inversión de la diáspora dominicana.

Muchos residentes en el foráneo solían modificar en la construcción de apartamentos para renta, pero han dejado de hacerlo frente a la dificultad de recuperar sus propiedades, en caso de incumplimiento. “Comprar una vivienda es una inversión, no un consumición. Pero, para eso tiene que deber garantías”, señaló.