La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) informó este viernes que no se opone a una posible instalación de cámara de videovigilancia en los centros educativos, siempre que se respete el derecho a la intimidad de estudiantes, docentes y personal chupatintas.

El cofradía magisterial respaldó las posturas de sus seccionales en las provincias Duarte Y Hermanas Miraballas cuales han manifestado su preocupación por las supuestas instalación de cámaras de vigilancias en el interior de las aulas.

“La seguridad en los centros educativos es una responsabilidad compartida. Sin secuestro, la implementación de cámaras de vigilancia no puede ser impuesta de modo fragmentario, sin regulación admitido ni respeto a los derechos fundamentales de la comunidad educativa“, subrayó el documento.

Propone elaborar reglamento

En ese sentido, la ADP propuso la elaboración de un reglamento franquista que regule la instalación y uso de sistemas de videovigilancia en los centros educativos del país.

La ordenamiento sugirió que dicho reglamento sea minucioso a través de una mesa de diálogo con décimo del Empleo de Educación (Minerd), la propia ADPasociaciones de padres, madres y amigos de la escuela, el Defensor del PuebloUnicef, organizaciones de la sociedad civil y otros sectores vinculados a la comunidad educativa.

Adicionalmente, aconsejó establecer sanciones claras frente al uso indebido de grabaciones o la instalación irregular de cámaras en los planteles escolares.

• El cofradía respaldó las posturas de sus seccionales en las provincias Duarte y Hermanas Mirabal, las cuales han manifestado su preocupación por esta medida

Fundamentos legales y éticos

La ADP recordó que la sentencia TC/0096/19 del Tribunal Constitucional reconoce la posibilidad de aplicar medidas tecnológicas en contextos de inseguridad, pero en el interior de límites razonables que respeten la intimidad de las personas.

El cofradía asimismo citó los pronunciamientos del Defensor del Pueblo y la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que han ducho que cualquier política de videovigilancia escolar debe centrarse en la protección del pequeño, y no en mecanismos de control disciplinario o punitivo con destino a el educación o el estudiantado.

Asimismo, mencionó instrumentos internacionales vinculantes al ámbito procesal dominicano, como la Convención sobre los Derechos del Nene (CDN), El Convención 108 del Consejo de Europa sobre protección de datos personales, y observaciones de la Unesco y Unicef, que promueven una vigilancia escolar enfocada en el bienestar y la dignidad de la infancia.

Consentimiento, proporcionalidad y resguardo de grabaciones

El cofradía de los maestros destacó que la instalación de cámaras debe contar con el consentimiento independiente, informado y específico de las familias, docentes y personal chupatintas, conforme a lo establecido en la Ley 172-13 en Protección de Datos de Carácter Personal.

Advirtió asimismo que estas medidas deben ser proporcionales y justificadas por diagnósticos de aventura objetivos. Entiende que no deben aplicarse de modo generalizada, y deben estar precedidas por estudios de impacto admitido, social y psicológico, especialmente en la población estudiantil y el cuerpo docente.

Finalmente, la ADP enfatizó que las grabaciones deben estar debidamente protegidas y solo pueden ser revisadas por autoridades competentescomo la Dirección del centro educativoel Minerd mediante orden administrativa, el Empleo Manifiesto o autoridades judiciales. “Cualquier uso o difusión no autorizada de estas imágenes podría dar circunstancia a sanciones penales o administrativas”, advirtió el cofradía magisterial.