ztevenreal
Santo Domingo.– La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) rechazó este miércoles las amenazas de sometimiento legal por supuesta difamación contra su presidente, Julio César De la Rosa Tiburcio, anunciadas por la directora de la Dirección Caudillo de Ética e Integridad Oficial (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch.
Las advertencias de Ortiz Bosch se produjeron luego de que ADOCCO denunciara que la funcionaria habría incurrido en prevaricación al ordenar el archivo de la querella presentada el 2 de octubre de 2023 contra el entonces ministro de Educación, Aquel Hernández, por supuestamente callar en su confesión jurada de patrimonio la existencia de una compañía de la comunidad conyugal que adquirió un inmueble valorado en 31 millones de pesos mientras se encontraba en el cargo.
La estructura de la sociedad civil reiteró que no se dejará amedrentar por la respuesta de la titular de Ética Oficial.
“El propósito de amedrentarnos con la respuesta anunciada públicamente por la ex vicepresidenta bajo el título ¿Prevaricación o Difamación? no lo va a obtener. Esperaremos el sometimiento, con la misma responsabilidad con la que le acusamos de tener prevaricado”, expresó ADOCCO.
Asimismo, anunció que iniciará gestiones frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar una medida cautelar que detenga “cualquier despropósito del poder” en su contra, alegando que la directora de la DIGEIG es una funcionaria de suscripción influencia en el gobierno que podría afectar la independencia del proceso.
Querella frente a el PEPCA
ADOCCO recordó que tras el archivo de la denuncia por parte de la DIGEIG, sometió frente a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) una querella formal contra el exministro Aquel Hernández por presunta omisión y ocultamiento en su confesión jurada de fondos de su principal activo franco: la empresa Constructora Playa Morón.
De acuerdo con la entidad, la compañía fue registrada en enero de 2022 y constituida en marzo del mismo año, siete meses antiguamente de que Hernández fuera designado ministro de Educación. Seguidamente, en septiembre de 2022, la empresa adquirió un inmueble de 7,854.74 metros cuadrados en Las Terrenas, Samaná, por RD$31,095,000.
ADOCCO señaló que el precio referencial de una propiedad de estas características en la zona supera los cuatro millones de dólares, y que la partida de gravámenes en el registro sugiere que la importación fue realizada en efectivo. La estructura cuestiona que los ingresos reportados por el exministro y su esposa no corresponden con una adquisición de tal magnitud.
Violación a la Ley 311-14 y al régimen de Lavado de Activos
La entidad anticorrupción argumenta que la omisión de esta empresa en la confesión jurada de fondos constituye una violación a los artículos 5 y 8 de la Ley 311-14 sobre Declaraciones Juradas de Patrimonio, así como a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.
Por ello, solicitó formalmente al Servicio Divulgado que acoja la denuncia, identifique a los posibles cómplices y recaude las pruebas pertinentes para presentar cargo penal en contra del exministro.
