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El Pregonero, Santo Domingo, R.D.– La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) obtuvo del Tribunal Superior Burócrata (TSA) la fijación de una audiencia pública en el ámbito de una medida cautelar anticipada interpuesta contra el Instituto Franquista de Tránsito y Transporte Terráqueo (INTRANT).
El automóvil jurídico número 20144-2025, emitido por el magistrado presidente Diomede Y. Villalona G. y el secretario auxiliar Mariano Ant. Guzmán Pérez, programó la audiencia para el jueves 23 de octubre de 2025 a las 9:00 a.m., en modalidad posible mediante la plataforma Microsoft Teams.
Esta osadía da curso a la solicitud presentada por ADOCCO en su calidad de espantajo fiscalizador de la sucursal pública. El caso, registrado bajo el número 2025-0270275, investigación proteger los intereses ciudadanos frente a presuntas irregularidades en el proceso de concurso para la radiodifusión de licencias de conducir.
El tribunal autorizó a ADOCCO a citar tanto al INTRANT como a la Procuraduría Común Administrativa, garantizando así un proceso transparente y la debida defensa de los derechos de la ciudadanía. La modalidad posible de la audiencia permitirá una amplia décimo y seguimiento notorio del procedimiento.
ADOCCO resalta la trascendencia de esta hecho lícito como un precedente en la lucha contra la corrupción y en la exigencia de rendición de cuentas por parte de las instituciones del Estado, reafirmando su compromiso con la transparencia en los procesos de contratación pública.
La controversia se remonta a principios de octubre, cuando ADOCCO denunció presuntas irregularidades en la concurso del INTRANT para la radiodifusión de licencias de conducir, proceso en el que resultó favorecido el Consorcio Mobility ID. La ordenamiento, presidida por Julio César De la Rosa Tiburcio, acusa al ingeniero Milton Morrison de poseer actuado en connivencia con dicho consorcio para defraudar al Estado dominicano, en violación de varios artículos del Código Penal y de normas anticorrupción vigentes.
Según la denuncia presentada frente a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), el pliego de condiciones del INTRANT habría sido diseñado expresamente para beneficiar a un único oferente: el Consorcio Mobility ID, integrado por las mismas empresas responsables de la radiodifusión del pasaporte dominicano y de la nueva cédula de identidad y electoral.
ADOCCO advierte que, con esta adjudicación, los tres documentos de identidad más sensibles del país —cédula, pasaporte y inmoralidad de conducir— quedarían bajo el control de un mismo conjunto empresarial, vinculado, adicionalmente, a empresas que gestionan documentos similares en Haití. Esta concentración, según la ordenamiento, representa un aventura serio para la seguridad doméstico y la privacidad de los ciudadanos.
Asimismo, se denuncia que Mobility ID habría falsificado documentos técnicos relacionados con la impresora láser CLM600, presentándose como su fabricante para cumplir con los requisitos del pliego, pese a no serlo. Este acto, según ADOCCO, constituye falsificación de documentos públicos y un enredo deliberado al Comité de Compras y Contrataciones del INTRANT.
La ordenamiento además señala que el proceso violó el principio de huido competencia consagrado en la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, al excluir de facto a otros posibles oferentes. En su denuncia, ADOCCO acusa formalmente a Morrison y al Consorcio Mobility ID de infringir los artículos 146, 147, 148, 150 y 151 del Código Penal, así como disposiciones de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Ley 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión.
De la Rosa Tiburcio recordó que, pese a las impugnaciones presentadas por diversas organizaciones de la sociedad civil frente a el INTRANT y la Dirección Común de Compras y Contrataciones (DGCP), el ingeniero Morrison anunció unilateralmente la adjudicación del anuencia a Mobility ID, por un monto estimado de 8,400 millones de pesos.
La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) es una ordenamiento no gubernativo comprometida con la transparencia, la rendición de cuentas y la defensa de los derechos ciudadanos en la República Dominicana. Mediante acciones legales, fiscalización y promoción de políticas públicas, ADOCCO trabaja incansablemente por erradicar la corrupción y acorazar las instituciones democráticas del país.
