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El Pregonero, Santo Domingo.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) depositó una denuncia formal frente a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) en la que acusa al director del Instituto Franquista de Tránsito y Transporte Terrenal (INTRANT), ingeniero Milton Teófilo Morrison Martínez, de presunta confabulación con el consorcio Mobility ID para defraudar al Estado dominicano en el proceso de subasta para la teledifusión de las nuevas licencias de conducir.
Según explicó el presidente de ADOCCO, Julio César De la Rosa Tiburcio, la denuncia fue depositada frente a la directora de la PEPCA, licenciada Mirna Ortiz, e incluye pruebas documentales que, según afirma, demuestran irregularidades graves en la subasta en la que solo participó un oferente: el Consorcio Mobility ID, integrado por las empresas Midas Dominicana S.R.L., G.E.T. Secure ID Corp., Consorcio STC S.A., Thomas Greg & Sons Gráfica e Serviços e Indústria e Comércio e Importação e Exportação de Equipamentos Ltda.
De la Rosa Tiburcio advirtió sobre el “peligro doméstico” que representa que las bases de datos de los pasaportes, cédulas y licencias de conducir estén concentradas en manos de los mismos grupos empresariales privados.
“Esta situación puede permitir que entidades privadas creen incluso ciudadanos ficticios y les habiliten para practicar derechos en el país”, expresó el titular de ADOCCO.
ADOCCO sostiene que el consorcio falsificó documentos relativos a la impresora láser CLM600, presentada como de fabricación propia, a pesar de no serlo, violando los requisitos técnicos establecidos en el pliego de condiciones del INTRANT.
La ordenamiento asegura que, pese a suceder impugnado el proceso, el Comité de Compras y Contrataciones del INTRANT y su director Milton Morrison hicieron caso omiso a las denuncias, adelantando incluso la tolerancia del sobre B “para socorrer al consorcio adjudicatario”.
El presidente de ADOCCO calificó el proceso como una “subasta dirigida”, ya que las condiciones impuestas —como la exigencia de una carrera de crédito de 25 millones de dólares— limitaron la décimo de otros oferentes, violando los principios de igualdad, vacancia competencia y evaluación objetiva que establece la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones.
La denuncia imputa al ingeniero Morrison y a los miembros del consorcio por presuntas violaciones a múltiples artículos del Código Penal dominicano, incluyendo los relativos a falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, y disposiciones de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y la Ley 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión.
De la Rosa Tiburcio solicitó a la PEPCA una investigación exhaustiva, asegurando que ADOCCO ha depositado todas las pruebas que demuestran la falsificación documental, el incumplimiento de requisitos financieros y la confabulación para entregar un entendimiento valorado en más de 8,400 millones de pesos.
“Esperamos una respuesta pronta y cumplida de la PEPCA. El país no puede permitir que se manipulen los procesos de contratación pública para beneficiar a grupos empresariales que ya controlan información sensible de todos los ciudadanos”, concluyó De la Rosa Tiburcio.
