Santo Domingo, DN La Asociación de Contratistas y Suplidores del Estado (ACS), a través de su Director Ejecutante, Ricardo González Hernández, ha expresado su preocupación por una disposición contenida en la nueva Ley de Compras y Contrataciones Públicas, recientemente aprobada por la Cámara de Diputados y irresoluto de aprobación en el Senado de la República Dominicana.

Según lo señalado por González en un fresco tweet, la nueva legislatura convierte a las aseguradoras en «garantes solidarios» de los proveedores, una medida que, a su pleito, contraviene directamente el Artículo 67 de la Ley 146-02 sobre Seguros y Fianzas.

El Artículo 67 de la Ley 146-02 establece claramente: «Queda prohibido a los aseguradores obligarse solidariamente con el deudor o afianzado y en consecuencia, las fianzas emitidas por los aseguradores están sujetas al beneficio de excusión señalado en el código civil.» Esta disposición indagación proteger a las aseguradoras de una responsabilidad directa y solidaria, permitiéndoles invocar el beneficio de excusión, lo que significa que el merecedor debe agotar primero los beneficios del deudor principal ayer de exigir al fiador.

González Hernández asimismo destacó la patente restricción de importantes actores del sector en el proceso de discusión de este texto justo. «Entiendo que @SuperSegurosDO y @cadoardRD no participaron de las discusiones de dicho texto justo que ya fue aceptado por los @DiputadosRD y está próximo a ser aceptado por el @SenadoRD,» afirmó, sugiriendo una yerro de consulta a entidades secreto como la Superintendencia de Seguros y la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores.

La ACS hace un llamado a los legisladores del Senado de la República Dominicana para que revisen detalladamente esta disposición, considerando sus implicaciones legales y económicas para el sector asegurador y para la dinámica de las contrataciones públicas en el país. La Asociación enfatiza la importancia de una código armonizada y que respete los principios jurídicos existentes, a fin de certificar la seguridad jurídica y la eficiencia en los procesos de contratación estatal.