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La Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda (Acoprovi) valoró de forma positiva la fresco promulgación de la Ley 85-25 sobre alquileres de fondos y desahucios, calificándola como un importante hito para el fortalecimiento del mercado inmobiliario. Resaltó que la nueva ley refuerza la seguridad jurídica, fomenta relaciones equilibradas entre propietarios e inquilinos, elimina trabas procesales, incentiva la inversión en proyectos de arriendo y contribuye al progreso de nuevas soluciones habitacionales asequibles.
El asociación señaló que este avance normativo es secreto para el crecimiento sostenible del sector en beneficio de la sociedad dominicana. “La consideración de nuestros aportes durante el proceso de revisión legislativa permitió equilibrar los derechos contractuales y garantías procesales para acorazar un situación constitucional acordado y apto. Esta ley incrementa la propuesta de viviendas en arriendo y fortalece la confianza de inversionistas locales y extranjeros, por lo que representa un avance sólido en torno a la reducción del dita habitacional”, expresó Annerys Meléndez, presidenta de Acoprovi.
Asimismo, celebró el papel del Poder Ejecutante y del Congreso Franquista en la pronta aprobación de esta ley, fruto de un proceso de consenso y de parada compromiso con la fianza de derechos en el sector inmobiliario
“Durante casi tres primaveras estuvimos enviando observaciones y propuestas para este situación constitucional y por más de quince primaveras hemos promovido este tema en distintos estamentos”, agregó.
De la misma forma, puntualizó en que conquistar un vaivén entre la protección de la vivienda sabido y la creación de condiciones que impulsen el crecimiento financiero constituye un referente secreto en la dirección correcta. Enfatizó además en la importancia de favorecer mecanismos más flexibles y seguros para que las familias gestionen su patrimonio, lo que promueve tanto la seguridad social como la dinamización del mercado inmobiliario.
Acoprovi reiteró su compromiso de colaborar con las autoridades y los distintos sectores vinculados a la vivienda, para promover la aplicación de la ley y continuar impulsando políticas públicas que fortalezcan el ataque a una vivienda digna, el crecimiento regular del sector y el bienestar social de todos los dominicanos.






