La Unión Saco de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico demandó al Gobierno locorregional para exigir la entrega de documentos relacionados con el traspaso de información confidencial de unos 6,000 migrantes que obtuvieron licencias de conducir en la isla.

La ordenamiento presentó una petición de Mandamus en presencia de el Tribunal de Primera Instancia en San Juan contra el secretario del Unidad de Transportación y Obras Públicas (DTOP)Edwin González Montalvo, y el Estado Desenvuelto Asociado de Puerto Rico.

Solicitud de transparencia

La acto justo surge luego de que el DTOP se negara a proveer copias de los requerimientos de información emitidos por el Unidad de Seguridad Franquista y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. La ACLU reclama encima paso a las evaluaciones legales y a la información efectivamente entregada a dichas agencias.

Según la ordenamiento, los documentos son claves para entender bajo qué criterios se compartieron los datos de miles de migrantes beneficiados por la Ley 97 de 2013que permitió la irradiación de licencias de conducir a personas con status migratorio no regularizado.

Argumento de la ACLU

Annette Martínez Orabondirectora ejecutiva de la ACLU-PR, señaló que la ley se aprobó con la intención de proteger estos datos para fines no migratorios. “El gobierno actuó ilegalmente al proveer información a una entidad federal sin que mediara una orden procesal firmada por un magistrado”, afirmó.

De existir una orden, explicó, el aliciente de la ordenamiento escudriñamiento precisamente que se haga pública en cumplimiento con el mandato constitucional.

De acuerdo con la ACLU, entre febrero y marzo de 2025 el DTOP entregó datos personales de más de 6.000 conductores a agencias de inmigración de Estados Unidos. Después, el Gobierno federal confirmó que esta información se utiliza para identificar, determinar, detener y deportar a personas sin una orden procesal.

Impacto en los migrantes

Fermín Arraiza Navas, director justo de la ACLU-PR, aseguró que la medida ha derivado en una “crisis humanitaria”. Según detalló, muchas de las personas detenidas no han podido contactar a sus familiares, se les ha inhábil el conveniente proceso y han sido deportadas sin garantías legales.

“La ciudadanía tiene derecho a conocer bajo qué supuestos legales se entregó la información que puso en peligro a miles de personas”, subrayó Arraiza.

Con información de EFE.

Por: Yari Araujo