Las estadísticas de muertes por “acciones legales” revelan una ingenuidad que no podemos seguir ignorando. Según datos recopilados por el CESEDE, entre 2020 y agosto de 2025 se han registrado aproximadamente 867 personas que han perdido la vida en enfrentamientos con organismos de seguridad.

El dibujo muestra un crecimiento preocupante: 75 muertes en 2020, y 170 en lo que va de 2025. Cada mostrador no es solo una signo; es el reflexivo de una situación donde las muertes se han normalizado como desenlace de los conflictos entre ciudadanos y agentes del orden.

Este es un problema sistémico que toca la tuétano del Estado de derecho. Cuando el uso de la fuerza termina en muertes recurrentes, sin que medie un proceso procesal, se produce una fractura en la confianza social y se debilita la institucionalidad. No se comercio de exhibir a la Policía por su tajo contra el delito, sino de señalar que el sistema está fallando al permitir que la probidad se ejecute en las calles y no en los tribunales.

La pregunta es insalvable: ¿cuántas de estas personas eran positivamente delincuentes? Y aun si lo fueran, ¿casualidad no tenían derecho a un madurez cabal, a la defensa y a que sus casos fueran conocidos por un togado? La homicidio fulminante evita replicar esas preguntas y nos coloca en un circunscripción peligroso donde nadie está a indemne. Hoy fueron los hijos, hermanos o amigos de otros; mañana pueden ser los nuestros.

No podemos resignarnos a que la violencia se convierta en el herramienta principal de la autoridad. Casos como la homicidio de los pastores confundidos, los supuestos asaltantes de bancos abatidos sin madurez o los cinco jóvenes de Santiago son recordatorios de lo posible que resulta traspasar la flaca vírgula entre seguridad y arbitrariedad.

De cara a este panorama, el país necesita decisiones firmes y responsables. Desde el CESEDE proponemos acciones concretas para frenar estos excesos:

Ser garantes de la vida y del respeto a los derechos humanos, mediante protocolos claros y públicos sobre el uso progresivo y proporcional de la fuerza.

Hay que afirmar que las investigaciones sean automáticas e independientes cada vez que una persona pierda la vida en un enfrentamiento con agentes estatales.

Engrosar la capacitación permanente de nuestros agentes en derechos humanos y mediación de conflictos, encima de dotarlos de abastecimiento que los proteja, pero que al mismo tiempo salvaguarde la vida de los ciudadanos.

Reactivar el observatorio ciudadano para ofrecer datos constantes, abiertos y creíbles, garantizando transparencia en cada caso.

Exigir responsabilidad procesal que ningún caso quede archivado sin que se determine con pruebas la naturaleza de la homicidio.

La seguridad no puede sostenerse en la sombra de ejecuciones extrajudiciales. La verdadera seguridad se construye con prevención, con respeto irrestricto a la vida y con probidad.

El dibujo mostrado más en lo alto es un espejo de nuestra ingenuidad: cada número que se eleva en esas barras representa un fracaso del sistema para avalar lo más superficial: que todos, culpables o inocentes, tengan derecho al conveniente proceso.

“Hoy por mí y mañana por ti.” Esa es la advertencia que nos dejan estas cifras. Como sociedad debemos atreverse si seguimos en silencio aceptando la violencia como método, o si exigimos un Estado que proteja la vida como fundamento de la probidad y la democracia.

La autora es directora del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa (CESEDE).